Alberto Núñez Feijóo se despidió de Galicia rumbo a Madrid apadrinando una fábrica “sostenible”. La empresa portuguesa Altri iba a levantar en la tierra de Inditex una innovadora factoría que transformaría en fibras textiles la madera de eucalipto, una polémica especie arbórea que no ha dejado de ganar terreno en los bosques gallegos. Corrían los peores momentos de la pandemia, el horizonte económico se presentaba sombrío y la Xunta y el empresariado soñaban con servirse el trozo más grande posible de la tarta de los fondos Next Generation. Este proyecto, proclamó el entonces presidente del Gobierno gallego, tendría absoluta prioridad. Hasta el Parlamento autonómico lo bendijo unánimemente. Ahora, con la planta en tramitación, el BNG la califica de “bomba ambiental”, el rechazo se extiende dentro del PSdeG-PSOE, y la compañía promotora ha suspendido las charlas con los vecinos para explicar su funcionamiento ante el profundo malestar ciudadano que se respiró en el único encuentro que ha celebrado.
Crece el rechazo popular
El proyecto se gestó entre aplausos. El emplazamiento elegido fue Palas de Rei (Lugo), en el despoblado interior de Lugo. Sonaba bien. Se producirían 200.000 toneladas anuales de fibras textiles “sostenibles”, equivalente al 3% del mercado mundial, para fabricar tejidos de futuro como el lyocell o la viscosa, que pugnan por desbancar de los percheros al algodón y el poliéster. La idea nació de la sociedad público-privada Impulsa Galicia, un ente controlado por la Xunta y Abanca, principal banco de la comunidad, destinado a diseñar “iniciativas empresariales tractoras” que puedan ser financiadas por los Next Generation. Fue esta entidad la que eligió a Altri para ejecutarla. En octubre de 2021, la Xunta hablaba de 1.500 puestos de trabajo directos y 6.500 indirectos. Seis meses después, rebajó la cifra a 2.500 empleos directos e indirectos y ahora la compañía lusa ya admite que serán 500 directos y 2.000 indirectos. La inversión alcanzará los 900 millones, pero Altri, eso sí, solo está dispuesta a aportar una parte. Ha dejado claro que si no recibe 250 millones de euros de fondos europeos a través del PERTE de descarbonización industrial no habrá fábrica.
La planta y sus características
El pasado 4 de marzo, 13 días después de las elecciones autonómicas, el Diario Oficial de Galicia publicó la solicitud de autorización ambiental de Altri y el entusiasmo se evaporó. La compañía desvela que la fabricación de 200.000 toneladas anuales de fibras textiles ecológicas (lyocell) no será su principal actividad en Lugo. De las instalaciones saldrán al año hasta 400.000 toneladas de celulosa soluble (la capacidad de producción de ENCE en Pontevedra es de 500.000 toneladas de pasta). La planta, presidida por una chimenea de 75 metros, ocupará una parcela de 366 hectáreas que la Xunta no descarta expropiar. Limitará con la Red Natura y requerirá una captación del río Ulla de un máximo de 46 millones de litros de agua al día que, subrayan sus detractores, equivale al consumo actual de toda la provincia de Lugo. Además, pretende devolver a ese cauce 30 millones de litros de aguas residuales tras ser tratadas en una depuradora.
Empresa y gobierno
La empresa admite la “cercanía” del gigantesco complejo al trazado del Camino de Santiago y para mitigar el daño paisajístico promete en el estudio de impacto ambiental que las instalaciones “se mantendrán adecuadamente, reduciendo el impacto visual general”. Los cambios en el proyecto, que cuenta con el apoyo total del PP gallego, también son empresariales. A Altri le ha salido un socio: Manuel García Pardo, dueño de Greenalia, la empresa de A Coruña de la que es directiva la exconsejera de Medio Ambiente de la Xunta Beatriz Mato. Esta compañía de renovables fichó a Mato después de nueve años sentada junto a Feijóo en el Gobierno gallego y tras fracasar su candidatura a alcaldesa de A Coruña. La entrada del propietario de Greenalia en el negocio se materializó el pasado 11 de julio, en plena campaña de las generales, cuando el proyecto de Altri pasó a estar a nombre de una sociedad llamada Greenfiber, cuya propiedad se reparten la firma portuguesa y García Pardo. El papel del Gobierno central en el futuro de esta macrocelulosa no es menor. Es el Ministerio de Industria el que debe dictaminar si la fábrica cumple los requisitos para recibir fondos Next Generation y, según explican fuentes de este departamento, eso se decidirá cuando se reciba el proyecto y se analice.
