El alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo Martínez, interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumentando que el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, no publicó la actualización de valores catastrales dentro del plazo establecido por la Constitución local.

Argumentos del alcalde

Carrillo Martínez asegura que el gobernador hizo caso omiso a las actualizaciones generales de los valores catastrales del municipio, publicando únicamente la actualización de valores para nuevos fraccionamientos.

Según el alcalde, esta acción representa un impacto económico de aproximadamente 100 millones de pesos para las arcas municipales, además de afectar los servicios públicos brindados a los ciudadanos.

Respuesta del gobernador

El gobernador García Sepúlveda había manifestado públicamente que los incrementos en los prediales de San Nicolás y Monterrey impactarían negativamente en el bolsillo de los ciudadanos.

Ante esto, el alcalde Carrillo afirma que la no publicación de la actualización de los valores catastrales del 15,28 % representa un desacato a la Constitución y que acudirán a la vía legal para defender los intereses del municipio.

Controversia constitucional

La controversia constitucional interpuesta por el alcalde Carrillo es un recurso legal que permite a los municipios impugnar actos u omisiones del gobierno estatal que consideren violatorios de la Constitución.

En este caso, el alcalde argumenta que el gobernador García Sepúlveda incumplió con su obligación constitucional de publicar la actualización de valores catastrales dentro de los 10 días siguientes a su aprobación por el Congreso del Estado.

Acciones legales paralelas

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, también anunció que recurrirá a instancias legales para lograr la publicación de la actualización de los valores catastrales en el periódico oficial del estado.

De esta forma, tanto San Nicolás como Monterrey están tomando acciones legales para defender sus intereses ante la falta de publicación de la actualización de los valores catastrales por parte del gobierno estatal.