El anuncio reciente de la ampliación del área protegida en el delta del Llobregat no ha sentado nada bien a Foment del Treball. Tanto la patronal como uno de sus asociados, el Institut Agrícola de Sant Isidre, afirman que la nueva Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) bloquea la ampliación del Aeropuerto de El Prat e impide el desarrollo económico de la comarca.

¿Qué se dice de la ampliación?

Para Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment, el acuerdo del Govern es “impresentable” al no tener en cuenta a la ciudadanía ni a los intereses del sector agroalimentario. “Hace un año, el mismo pacto se tumbó dos veces en el Parlament”, ha detallado Sánchez Llibre en una rueda de prensa.

El presidente del Institut, Baldiri Ros, ha insistido en las consecuencias de “la imposición” del nuevo espacio protegido. “Es altamente perjudicial para la economía del Área Metropolitana de Barcelona”, ha insistido Ros.

¿Por qué se oponen?

Ambas instituciones aseguran que la nueva ZEPA, que alcanzará las 2.407,12 hectáreas, es incompatible con una agricultura moderna por las restricciones que conlleva. Ros ha criticado que la acción del Govern no resuelve la petición de la Comisión Europea de 2021. “Lo que pedían era un plan de gestión para la actual zona protegida, no una ampliación que no tiene una cartografía precisa”, ha explicado.

Bruselas envió una Carta de Emplazamiento a España en la que informaba del incumplimiento de conservación de los hábitats que suponía la construcción de unos aparcamientos y una pista en el Prat, que Aena pretendía para operar correctamente ante el previsible colapso del aeropuerto catalán. En la misiva, la Comisión Europea exigió a la Generalitat aumentar el espacio protegido de la biodiversidad en el Llobregat si no quería ser multada.

Ambas instituciones aseguran que la agricultura actual “no podrá sobrevivir” con el nuevo acuerdo con el que se pretende esquivar la sanción europea. Sostienen que el Govern no ha dialogado con ellas. “No han consultado ni con las cooperativas de la comarca”, ha afirmado Ros, quien ha remarcado que el perímetro protegido no cuenta con el respaldo científico: “No han podido rebatir con argumentos científicos los informes elaborados por el Institut y otros expertos independientes que mostraban que esta ampliación es contraproducente para todos”.

¿Qué dicen los expertos?

Según Ros, los agricultores que quieran subsistir en el Llobregat deberán utilizar técnicas antiguas. “Como cuando yo era pequeño, pero donde hay ZEPA, muere el derecho a la propiedad privada por las restricciones que implica. Pagaremos muy caro su irresponsabilidad”, ha explicado el presidente.

Las patronales también han insistido en que se necesita un plan de gestión adecuado y consensuado. “El Govern en funciones está finiquitado. No tiene potestad para tomar estas decisiones transformadoras que paralizan la ampliación del aeropuerto y el desarrollo económico de la zona”, ha explicado Sánchez Llibre.

Aena, la empresa controlada por el Estado (tiene el 51% del capital) y que gestiona la terminal catalana, no se ha pronunciado todavía sobre la nueva ZEPA. “Nuestra obligación es garantizar la seguridad y operatividad del aeropuerto. No entraremos en ningún caso en polémicas con la Generalitat”, ha explicado un portavoz de la compañía a EL PAÍS.