La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado las multas por un importe total de 118 millones de euros, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso en marzo de 2019 a 15 empresas, acusadas de formar un triple cártel, mediante el cual, según el regulador, se habrían repartido unos 200 proyectos ferroviarios durante catorce años y valorados en 1.055 millones de euros.
Anulación de las multas
Las tres primeras sentencias resuelven los recursos presentados por Cobra (ahora propiedad de la francesa Vinci) y Sacyr, dándoles la razón frente a la CNMC, Adif y Alstom, que fue quien reveló la existencia del cártel y quedó eximida de la correspondiente sanción económica.
La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por Siemens, multada con 16,8 millones de euros. Según el tribunal, la CNMC no ha infringido ningún principio de graduación y proporcionalidad respecto a la cuantificación de la sanción y no hay falta de motivación.
Por el contrario, ha estimado parcialmente el recurso de Cobra, que se enfrentaba a dos sanciones de 21,2 y 6 millones de euros por considerar que no hay prueba de la comisión de la infracción en el periodo comprendido “entre mayo de 2009 y octubre de 2013”, determinando como prescritos los hechos anteriores a esta última fecha.
En cuanto a Sacyr, que solo se enfrentaba a una multa de 762.363 euros a través de su filial Neopul, la Audiencia ha estimado íntegramente el recurso, al defender que la CNMC “no ha aportado prueba de cargo suficiente que permita concluir que conocía la existencia del plan anticompetitivo”.
Los tres cárteles
El regulador determinó que las compañías implicadas pactaban consorcios para lograr contratos de electrificación del AVE y repartir después parte de las obras con el resto de las firmas.
En el caso de las líneas convencionales, el acuerdo entre las empresas consistía en repartirse las licitaciones mediante un sorteo con el que establecían el orden de adjudicación de los contratos. Además, compensaban a las empresas no adjudicatarias con un 6% del importe del contrato.
El mayor de los tres cárteles, formado por trece empresas, se mantuvo durante ocho años, coincidiendo con los años de la última crisis económica (2008 y 2016). Mediante este acuerdo, se “adoptaron acuerdos” para “repartirse” 24 proyectos de electrificación del AVE por un valor de 837 millones de euros.
Otro de los cárteles estuvo vigente durante catorce años (2002-2016), en los que diez empresas acordaron sobre 173 contratos de electrificación de tren convencional, valorados en 134 millones de euros. Finalmente, el tercer cártel, formado por Alstom y Siemens y luego ampliado a Elecnor, afectó a siete contratos de instalación de equipos electromecánicos del AVE por un valor de 84 millones de euros.
Entre las empresas sancionadas, aparte de las mencionadas anteriormente, destacan Semi (con 16,4 millones de euros), Elecnor (20,35 millones) e Inabensa (11,56 millones). También fueron multadas Cymi, Isolux, Electren, Comsa, Indra, Telice, EyM y Citracc, con multas que oscilan entre los 4,22 millones y los 385.067 euros.
