La justicia avanza en la causa contra las prepagas por aumentos
La jueza Mercedes Maquieira decidió enviar la demanda interpuesta por el Estado Nacional contra 23 empresas de medicina prepaga a otro juzgado, donde ya tramita un amparo colectivo vinculado al tema.
Amparo colectivo
La magistrada entendió que ambos expedientes deben acumularse, ya que ambos buscan tutelar el derecho a la salud y persiguen el mismo objetivo: retrotraer los aumentos de precios en el servicio de medicina prepaga y que una autoridad estatal participe en la determinación de los incrementos.
Riesgo de sentencias contradictorias
Maquieira advirtió que de no acumularse las causas, se generaría el riesgo de que se dicten sentencias contradictorias y que las decisiones que recaigan en uno de los procesos hagan cosa juzgada respecto de las planteadas en el otro.
El caso Wilson
El expediente fue enviado para que tramite junto a un caso iniciado por un particular contra una de las empresas, conocido como el "caso Wilson", el primero en ser declarado de incidencia colectiva.
Empresas involucradas
La demanda del Gobierno alcanza a 23 empresas que representan el 91,19% del mercado de la medicina prepaga. Entre ellas se encuentran OSDE, Swiss Medical, Medifé, Galeno y Omint.
El reclamo del Estado es independiente de la resolución administrativa de la Secretaría de Comercio, que obligó a las empresas a retrotraer los aumentos.
Acción de amparo
La acción de amparo promovida por la Superintendencia de Servicios de Salud tiene por objeto que se condene a las empresas, con carácter urgente, "al cese de su actitud abusiva frente a sus afiliados, consistente en los aumentos -tildados de desmedidos- en las cuotas por prestaciones de salud".
La Superintendencia solicitó que solo se permita un eventual incremento "conforme a los índices que se estimen más convenientes" y que se dejen sin efecto los incrementos en las facturas por el servicio de cobertura médico asistencial prestado por las accionadas.
Además, el organismo pide que las empresas demandadas reintegren y/o devuelvan las cantidades percibidas en forma presuntamente abusiva.
Objeciones de las empresas
Las empresas alegaron que la acción no tiene un objeto regulatorio, sino un fin destinado a tutelar la libre competencia "frente a prácticas anticompetitivas, como el abuso de posición dominante y el exceso en la determinación arbitraria e injustificada de esas cuotas, que no guardan correlato con los indicadores que rigen el sector".
