Distribución de ayudas públicas: el caso de Valencia
Acelerando el proceso
La gestión de los daños causados por la reciente inundación en Valencia pone de manifiesto la lentitud en la distribución de las ayudas públicas, un problema persistente en España. Los obstáculos en su tramitación incluyen dificultades en la comunicación con los beneficiarios, su identificación y la verificación de su derecho a recibirlas.
Esta demora se debe en parte al celo de las administraciones y funcionarios por actuar correctamente, evitando la discrecionalidad y el mal uso de los fondos públicos. También influyen los anticuados sistemas administrativos.
Sin embargo, la región industrial de Valencia está experimentando con nuevas prácticas y métodos que podrían mejorar la situación.
El Ingreso Mínimo Vital: un ejemplo de lentitud
Un ejemplo paradigmático de la brecha entre las intenciones y la realidad es el Ingreso Mínimo Vital (IMV), creado en 2020 para apoyar a los ciudadanos españoles vulnerables. Inicialmente previsto para llegar a 850.000 hogares y 2,3 millones de personas, casi dos años después apenas alcanza la mitad de ese objetivo.
Algunos expertos abogaron por una distribución directa sin necesidad de solicitudes. Un enfoque más prudente incorporó a las ONG como gestoras, lo que ha ayudado a que el IMV se aproxime ahora a su objetivo inicial, con más de 673.000 hogares beneficiarios.
El caso de la inundación de Valencia
El caso de la inundación de Valencia también ilustra el ritmo demasiado lento al que las ayudas llegan a los afectados. De los 1.320 millones de euros previstos por la Generalitat para finales de año, solo se han abonado 210 millones, según la vicepresidenta Susana Camarero.
Por su parte, el Gobierno ha entregado 1.233 millones hasta el 9 de enero, de un total disponible de hasta 16.600 millones, según la Info-Dana de Moncloa.
Nuevas ideas para agilizar las ayudas
Pese a la lentitud, el caso de Valencia también ha generado nuevas propuestas. Una de las más prometedoras, aunque no cuantitativamente significativa, es la concesión de "anticipos" de emergencia, que requieren poca documentación y están destinados a cubrir daños personales y materiales.
De los 44 millones solicitados, se han cubierto 40, un nivel de ejecución satisfactorio. Sin embargo, el universo potencial de beneficiarios es mucho mayor, y solo un 10% de las casi 30.000 familias afectadas lo han solicitado.
Las razones de esta baja solicitud incluyen la novedad de la herramienta y la desinformación sobre posibles intereses, lo que subraya la importancia de la colaboración y comunicación entre todas las administraciones.
Propuestas para mejorar la distribución de ayudas
- Establecer un "modelo de actuación" consolidado, como sugiere el profesor Francisco Pérez, con un equipo interministerial e interadministrativo que simplifique los trámites y mejore el acceso a la información y los recursos.
- Implementar medidas fiscales de apoyo, como exenciones del IVA para los bienes esenciales adquiridos por los afectados y exenciones fiscales para las donaciones.
- Mejorar la transparencia y visibilidad de la asistencia física brindada por las fuerzas de seguridad y los funcionarios, para garantizar que su presencia sea percibida como un apoyo cercano.
La rápida implementación de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) durante la pandemia ofrece lecciones valiosas sobre la posibilidad de agilizar los procesos, incluso en situaciones de excepcionalidad diferentes.
Conclusión
La distribución de ayudas públicas sigue siendo una asignatura pendiente en España, pero el caso de Valencia muestra que hay margen para mejorar y agilizar el proceso. Las nuevas ideas, la colaboración entre administraciones y la mejora de la transparencia y la comunicación pueden contribuir a que las ayudas lleguen a quienes las necesitan de forma más rápida y eficaz.