Buscan cobrar gastos de detención a presos con condena firme en la Ciudad de Buenos Aires

Diputado porteño presenta proyecto para cobrar gastos de detención a presos con condena firme

El diputado porteño de Republicanos Unidos, Yamil Santoro, presentó este miércoles en la Legislatura de la Ciudad un proyecto para que los condenados con sentencia firme asuman los costos de su detención. Afirma que se podrían recaudar más de $2.200 millones.

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Justificación de la iniciativa

Santoro argumenta que los costos de alojamiento y cuidado de las personas privadas de la libertad recaen completamente sobre los contribuyentes de la Ciudad. Con la iniciativa asegura que se aliviará esa carga “asignando a los responsables el costo de su detención, siempre bajo principios de dignidad humana y proporcionalidad”.

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Cálculo de los costos

El cálculo de los costos lo realizará la autoridad de aplicación, a designar por el Ejecutivo, sobre la base del presupuesto que la Ciudad destina a la infraestructura, personal y cuidados necesarios para las personas privadas de su libertad en cárceles, alcaldías o comisarías porteñas.

El costo diario de un detenido asciende a $27.000, según cifras del Poder Ejecutivo porteño. Por mes, la Ciudad destina $810.000 por cada persona encarcelada. "Considerando la existencia de aproximadamente 2.800 personas privadas de la libertad en la Ciudad, este proyecto pretende generar una compensación al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que podría ascender a los $2.268.000.000 mensuales", afirman.

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Obligación de pago

El proyecto aclara que la obligación de pago será exigible únicamente a personas con condena firme. Y si una persona no puede cubrir los gastos “deberá realizar labores generales en el establecimiento o comisiones que se le encomienden, con el objetivo de resarcir a la Administración Pública de la Ciudad”.

Exenciones

Asimismo, establece que una vez cubiertos los costos de estadía, los internos podrán inclusive generar más fondos para sí al realizar trabajos amparados por la Ley Nacional N° 24.660, que regula la ejecución de la pena privativa de libertad. Por otro lado, determina que no será aplicable a las personas privadas de la libertad que resulten sobreseídas.

Impacto esperado

Finalmente, Santoro destacó que este sistema podría generar un impacto positivo tanto en la economía de la Ciudad como en la reinserción social de los condenados: "Es una manera de incentivar la responsabilidad individual y aliviar las cuentas públicas sin descuidar el respeto por los derechos humanos y la reintegración social".

"Esta medida no busca ser punitiva ni extender la pena de los condenados, sino promover un equilibrio financiero que permita una mejor asignación de recursos públicos. Haciendo que cada cual se haga responsable de lo que le corresponde", subrayó el legislador liberal.