Caseros que huyen del alquiler: venden o cierran sus viviendas por miedo a impagos
Ante el temor de impagos y “ocupaciones”, muchos propietarios retiran sus viviendas del mercado del alquiler, lo que reduce la oferta y eleva los precios.
"Si alguien me pregunta, siempre aconsejo que vendan la casa o que la quemen, cualquier cosa antes de alquilarla".
Así de tajante se muestra Lorena López, víctima de inquilinos que dejaron de pagar el alquiler. Como ella, miles de propietarios han sufrido las consecuencias de la llamada “inquiocupación”, que consiste en la ocupación ilegal de una vivienda por parte de personas que se niegan a abandonarla a pesar de no tener derecho a ello.
Ante esta situación, muchos caseros han optado por retirar sus viviendas del mercado del alquiler. Según un estudio de Fotocasa, en 2023 el 36% de los propietarios estaban dispuestos a alquilar su segunda residencia, mientras que en 2024 ese porcentaje ha descendido hasta el 32%.
Los motivos para esta retirada son diversos. Además del miedo a los impagos y la “inquiocupación”, los propietarios también señalan la falta de rentabilidad del alquiler debido a la presión fiscal y al elevado coste del mantenimiento y la gestión.
La limitación de precios del alquiler, vigente en 140 municipios de Cataluña, también ha influido en la decisión de algunos propietarios. Según Sergio Cardona, analista del Observatorio del Alquiler, “un 11,2% de propietarios no vuelve a poner la vivienda en alquiler en Cataluña, ya que decide que la va a usar él o un familiar. Un 2,4% opta por venderla”.
La reducción de la oferta de viviendas en alquiler tiene consecuencias negativas para el mercado. “Es una tendencia perjudicial, ya que se reduce la oferta de vivienda en alquiler disponible”, explica el portal inmobiliario Fotocasa. Y si la oferta mengua, el precio sube.
“Los cambios legislativos y la escasez de vivienda han provocado que en los últimos cinco años hayan desaparecido del mercado alrededor de 220.000 inmuebles”, recoge el Observatorio del Alquiler.
Para Lorena López, que actualmente vive en un piso de alquiler en Madrid, la experiencia de la “inquiocupación” ha sido traumática. Compró una casa en 2008 y decidió ponerla en alquiler, pero los inquilinos dejaron de pagar y tardó nueve meses en desalojarlos gracias a un proceso penal.
“Voy a tener minusvalía patrimonial; la diferencia entre el precio al que compré y la cantidad por la que vendí es de unos 60.000 o 70.000 euros”, lamenta López.
Pilar Martínez, de 60 años, también ha sufrido las consecuencias de la “inquiocupación”. Ha tardado dos años en recuperar las llaves de su segunda vivienda en Torrevieja, que heredó de un familiar, y ha tenido que pagar 2.500 euros en abogado y procurador.
“Ha sido una angustia, una impotencia y muchas noches sin dormir”, asegura Martínez. “Los inquilinos dejaron a deber 30.000 euros”.
Ante esta situación, Martínez ha cerrado su casa y ha puesto una alarma. “Mientras no exista seguridad jurídica, no voy a alquilar”, afirma.
Los afectados por la “inquiocupación” denuncian que, entre los inquilinos que dejan de pagar el alquiler, se cuelan “caraduras” que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de los propietarios.
“Esto perjudica a la persona honrada que paga su alquiler”, opina Martínez.
El sevillano Daniel Castelo también ha sido víctima de la “inquiocupación” y ha vendido su casa. “Mi miedo es que me volviera a pasar lo mismo, no lo soportaría psicológica ni económicamente”, cuenta Castelo, que tiene tres hijos.
En Torremolinos, Óscar, que prefiere no dar su apellido por miedo, también ha tenido problemas con un inquilino que solo pagó el primer mes de alquiler.
“Fue declarado no vulnerable, estuvo 18 meses viviendo gratis, agotó todos los trámites posibles para retrasar el desahucio al máximo y vendió las llaves a otra familia que estuvo un mes viviendo gratis”, relata Óscar.
Hace un año, Óscar vendió su piso a una cadena hotelera y ahora lo ofrece como alquiler vacacional. “Mejor malvender a un gran tenedor que volver hacer pasar a mi familia por esa pesadilla”, asegura.
No existen estadísticas oficiales sobre los casos de “inquiocupación”, pero se sabe que los desahucios por impago del alquiler crecieron un 12% en los primeros tres meses de 2024, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La Plataforma de Afectados por la Ocupación habla de unas 80.000 víctimas.
“Estos propietarios no son grandes tenedores. El 95% son pequeños propietarios que poseen una o dos viviendas arrendadas”, advierte Ricardo Bravo, portavoz de esta plataforma.
“El 84,6% de los afectados terminan por vender su casa porque durante los procesos judiciales, que pueden durar cuatro o cinco años, se adquiere una gran deuda (abogados, hipotecas...) y necesitan liquidez inmediata”, explica Bravo.
La plataforma pide al Gobierno un cambio del Real Decreto-ley 11/2020 aprobado durante la covid, que ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2024 la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
“Solicitamos una modificación legal que permita amparar a las familias vulnerables, pero que también considere la situación del propietario afectado. Somos víctimas y se nos invisibiliza”, relata Bravo.
“Hay que ayudar a las familias vulnerables, pero tienen que ser las Administraciones las que se encarguen y litiguen”, remata.