Los centros de salud privados solicitan la intervención del Gobierno para evitar el colapso

Los centros de salud privados de Argentina están pidiendo al Gobierno que intervenga para evitar un "colapso" del sector que podría producirse en las próximas semanas debido a la acumulación de deudas impositivas.

La Cámara de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA) y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (CEDIM) declararon que al menos cinco mil centros de salud privados podrían ser embargados a partir del 31 de diciembre cuando expire la Resolución 617/24, emitida por el Ministerio de Economía nacional. Esta resolución suspende temporalmente "el inicio de los juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares" del Estado.

Situación financiera precaria

Los centros de salud privados sostienen que han estado sufriendo un deterioro económico-financiero constante y lento que se agudizó durante la pandemia de COVID-19 y que aún no han podido recuperarse.

La eliminación de las medidas de alivio económico implementadas durante la pandemia, combinada con los reclamos impositivos por falta de pago, ha exacerbado la situación financiera del sector.

Solicitud de prórroga

Ante este panorama, ADECRA+CEDIM solicita al Gobierno que prorrogue la Resolución 617/24. Argumentan que "el stock de deuda más el flujo de fondos futuros es, literalmente, imposible de afrontar en las condiciones actuales".

Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial del Gobierno a la solicitud de prórroga.

Impacto potencial

El colapso del sector de salud privado tendría un impacto significativo en la atención sanitaria de millones de argentinos que dependen de estos centros para su atención médica.

Los centros de salud privados brindan servicios a más de 30 millones de personas en Argentina, incluidas aquellas afiliadas a PAMI, obras sociales nacionales y provinciales, y empresas de medicina prepaga.

El embargo de cinco mil centros de salud privados reduciría significativamente el acceso a la atención médica esencial y podría provocar un aumento de los tiempos de espera y la escasez de servicios.