Las comunidades autónomas de La Rioja, Aragón, País Vasco, Asturias y Canarias están implementando regulaciones que dificultan el desarrollo de proyectos de energía fotovoltaica. Estas medidas han generado preocupación en el sector, que alerta sobre el riesgo de perder la ventaja competitiva de España en la producción de energía solar.
¿Por qué se están implementando estas regulaciones?
Las comunidades autónomas argumentan que estas regulaciones son necesarias para proteger el medio ambiente y el paisaje. Por ejemplo, La Rioja ha aprobado una moratoria en las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica para proteger el paisaje de la región. El País Vasco y Aragón han aprobado impuestos a los proyectos eólicos y fotovoltaicos, alegando la necesidad de establecer figuras impositivas sobre actividades que puedan incidir en el medio ambiente.
¿Cuáles son las consecuencias de estas regulaciones?
Las regulaciones están teniendo un impacto negativo en el desarrollo de proyectos de energía fotovoltaica. En La Rioja, se han paralizado 27 proyectos de renovables, con una inversión de unos 100 millones de euros. En Asturias, se ha limitado la implantación de parques de baterías, que se almacenan con energía solar. En Canarias, se ha establecido la obligatoriedad de participación social en proyectos a partir de 2 MW, reservando un 20% de su generación a los municipios en que se instalen.
¿Qué opina el sector de estas regulaciones?
El sector de la energía fotovoltaica considera que estas regulaciones son "claras barreras al desarrollo de proyectos" y "envían un mensaje de inseguridad jurídica a empresas e inversores". La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha calificado la moratoria de La Rioja como "de muy dudosa legalidad" y ha reclamado que se congelen las medidas hasta que haya una regulación específica para la participación local en proyectos de energías renovables.
¿Qué medidas se están tomando para abordar esta situación?
El Gobierno central está trabajando con las comunidades autónomas para encontrar soluciones que permitan el desarrollo de proyectos de energía fotovoltaica respetando el medio ambiente. En el caso de Asturias, el Gobierno del Principado ha rechazado la moratoria total exigida por el Partido Popular, pero prevé publicar a finales de año un decreto que regulará la implantación de parques de baterías.
¿Qué podemos esperar en el futuro?
Se espera que la situación evolucione en los próximos meses. El Gobierno central y las comunidades autónomas seguirán dialogando para encontrar un equilibrio entre el desarrollo de las energías renovables y la protección del medio ambiente. El sector fotovoltaico confía en que se flexibilicen las regulaciones para permitir el desarrollo de proyectos sostenibles y competitivos.
