La CNMC investiga a Sanitas y Generali por posibles prácticas anticompetitivas
La CNMC está examinando si, a través de este acuerdo, las aseguradoras pudieron haber fijado precios y condiciones comerciales o de servicio en las pólizas de los clientes de Generali, tanto actuales como futuros. Además, se analiza la existencia de cláusulas que podrían limitar la competencia entre ambas compañías, ya sea en relación con clientes específicos o en otros mercados no directamente relacionados con el acuerdo.
Según Miguel Moreno Mendieta (s.f.), tras el análisis de la información recopilada, la CNMC ha identificado «indicios racionales» de una posible infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. Sin embargo, la CNMC subraya que la apertura de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Competencia dispone ahora de un plazo máximo de 24 meses para resolver el expediente.
Reacciones al anuncio de la investigación
La patronal de los hospitales y clínicas médicas (ASPE) ya había denunciado ante la CNMC estas supuestas prácticas anticompetitivas, argumentando que la alianza suponía la imposición de un nuevo marco no acordado. Por su parte, Generali ha manifestado su convencimiento de que el acuerdo cumple con la legalidad en términos de competencia. Una portavoz de la firma ha declarado: «Nosotros estamos a disposición de la CNMC para facilitar toda la información necesaria y demostrar que nuestro acuerdo de reaseguro por prestación de servicios cumple con todos los puntos de la legalidad vigente» (Miguel Moreno Mendieta, s.f.).
El acuerdo de reaseguro de prestación de servicios estipula que los 140.000 asegurados de salud de Generali se benefician de los servicios médicos prestados por Sanitas, incluyendo su red de médicos, hospitales y cuadro médico. Según fuentes de Generali, este acuerdo amplió en más de un 43% el cuadro médico disponible para sus clientes.
Contexto del sector asegurador y proveedores hospitalarios
La relación entre aseguradoras y proveedores hospitalarios se encuentra en un momento delicado. Desde 2022, el aumento de la inflación y los costes de la atención médica han generado tensiones entre ambas partes, que luchan por mantener sus márgenes. Los proveedores de salud de menor tamaño se quejan del poder que ejercen las grandes compañías de seguros de salud, como Adeslas, Asisa y Sanitas, sobre las tarifas.
Otros problemas para Generali
Adicionalmente, la asociación de consumidores Facua ha solicitado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que investigue a Generali por una posible filtración masiva de datos personales y bancarios de antiguos clientes de Liberty Seguros. Esta brecha de seguridad, ocurrida a finales de febrero, expuso información sensible de usuarios que habían contratado pólizas con Liberty Seguros.
Según Facua, los ciberdelincuentes accedieron a datos identificativos y de contacto, información relativa a las pólizas (nombres, apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico, DNI, fecha de nacimiento, estado civil e identificación del bien asegurado), así como el código IBAN de las cuentas corrientes. La organización advierte que esta información podría ser utilizada para cometer estafas personalizadas.
Es importante recordar que la AEPD ya multó a Generali con cinco millones de euros por otra filtración de datos de clientes en 2022, que afectó a 1,6 millones de personas. La entidad recurrió judicialmente dicha sanción.
Implicaciones para el futuro
Estas investigaciones y denuncias ponen de manifiesto la creciente vigilancia sobre las prácticas de las grandes aseguradoras en España. La resolución de la CNMC en el caso de Sanitas y Generali podría sentar un precedente importante para el sector, afectando la forma en que las aseguradoras colaboran y establecen precios. Asimismo, la investigación de la AEPD sobre la filtración de datos subraya la importancia de la ciberseguridad y la protección de la información personal en el sector asegurador.