Consumo investiga a grandes gestoras de pisos turísticos por prácticas engañosas

La Dirección General de Consumo, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha iniciado una investigación en diversas comunidades autónomas para detectar posibles prácticas comerciales desleales por parte de grandes empresas gestoras de viviendas turísticas. Estas prácticas podrían constituir infracciones de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

¿Qué se considera una práctica engañosa?

Según el artículo quinto de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, se define como práctica engañosa "cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aún siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico".

¿En qué consisten las prácticas engañosas que se investigan?

La investigación se ha iniciado a raíz de las denuncias presentadas por varios particulares que alquilaron pisos turísticos pensando que el propietario era también un particular, cuando en realidad se trataba de una empresa gestora. Esta práctica engañosa vulnera lo dispuesto en el artículo 27 de la citada ley, que prohíbe afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, o presentarse de forma fraudulenta como consumidor o usuario.

¿Qué beneficios obtienen las empresas con estas prácticas?

Las empresas gestoras de viviendas turísticas que ocultan su verdadera identidad pueden obtener varios beneficios, como:

Contexto y antecedentes de la investigación

El auge del alquiler de viviendas de uso turístico, tanto por parte de propietarios particulares como de gestores profesionales, se debe a su mayor rentabilidad en comparación con el alquiler de larga duración. Esto ha provocado la salida de miles de viviendas del mercado del alquiler tradicional.

Según datos de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), las viviendas de uso turístico en las veinte ciudades que más pernoctaciones registran en España crecieron un 23% anual hasta superar los 80.000 anuncios en el primer trimestre de 2023. Esta tendencia no se ha frenado en los últimos trimestres y ha provocado manifestaciones ciudadanas en Canarias, Baleares, Barcelona y Málaga contra el turismo masivo y su impacto negativo en la falta de vivienda y los elevados precios.

Esta investigación es la tercera que realiza el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en relación con las viviendas de uso turístico. La primera investigación, iniciada en junio, se centró en anuncios detectados en algunas plataformas de alojamiento que no disponían de licencia para operar, lo que constituye una infracción de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. En octubre, se abrió otra investigación para detectar posibles irregularidades en agencias inmobiliarias, como obligar al pago de comisiones por la gestión del arrendamiento, firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad o aceptar cláusulas que contravienen la normativa.

Declaraciones del Ministro de Consumo

En numerosas declaraciones públicas, el Ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha manifestado su prioridad en la lucha contra la crisis de la vivienda. "Hay miles de familias que viven al límite en nuestro país a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares", ha afirmado.

Bustinduy ha solicitado a todas las administraciones públicas que tomen medidas para abordar este problema, especialmente preocupante entre la población joven y con menos recursos económicos. Según un informe publicado por la plataforma Talento para el Futuro, la vivienda es una de las principales preocupaciones para el 63% de las personas de entre 18 y 30 años.