Consumo inicia un expediente sancionador contra una plataforma de pisos turísticos por miles de anuncios sin licencia
La Dirección General de Consumo está investigando a una plataforma de alquiler turístico por no retirar "miles" de anuncios de pisos sin licencia. La investigación comenzó en junio con la solicitud de información a varias plataformas sobre las viviendas anunciadas en sus dominios.
Anuncios sin número de licencia
En concreto, se instó a una de estas plataformas a retirar "de forma inminente" miles de anuncios de viviendas turísticas que no ofrecían su número de licencia, entre otros posibles incumplimientos de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
Infracciones graves y posibles sanciones
Tras comprobar que los anuncios no habían sido retirados, la Dirección General de Consumo ha incoado expediente sancionador a la plataforma por no dar solución al problema detectado. Estas infracciones graves podrían acarrear multas desde 100.000 euros hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
Otras investigaciones de Consumo
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo mantiene abiertas otras dos investigaciones relacionadas con los pisos turísticos. Una sobre posibles prácticas abusivas de agencias inmobiliarias en la gestión de alquileres temporales y otra contra grandes gestoras que se hacen pasar por clientes particulares en plataformas de alquiler turístico para esquivar obligaciones legales.
Objetivo: atajar la crisis de la vivienda
Estas iniciativas se enmarcan en el objetivo de contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España, un problema que preocupa profundamente al Ministerio.
Planes municipales para sacar los pisos turísticos de los centros históricos
A las sanciones desde la Administración central se han unido los planes municipales de Madrid y Barcelona para sacar los pisos turísticos fuera de los centros históricos. Madrid prevé vetar en el centro de la ciudad cualquier piso turístico en un edificio donde comparta espacio con vecinos, a partir de agosto de 2025. Barcelona tiene previsto hacer lo mismo, aunque la norma no entrará en vigor hasta 2028.