Correos se libra de una millonaria demanda por competencia desleal
La empresa pública Correos ha salido airosa de un importante juicio que enfrentaba a la compañía con Unipost, una antigua firma de servicios postales con sede en Barcelona. Unipost había demandado a Correos por supuestas prácticas anticompetitivas, alegando que la empresa pública había abusado de su posición dominante en el mercado entre 2004 y 2018, lo que habría provocado la quiebra de Unipost.
En su demanda, Unipost sostenía que Correos había llevado a cabo una estrategia para excluirla del mercado mediante una política de precios anticompetitivos, con descuentos a grandes clientes sustentados en ayudas estatales ilícitas e incompatibles. Esto, según Unipost, había llevado a Correos a una posición de dominio con cuotas de mercado del 90%.
Además, Unipost acusó a Correos de intentar confundir a las autoridades contables, postales y de competencia mediante una contabilidad opaca y enrevesada. Sin embargo, la justicia no ha visto irregularidades en las ayudas recibidas por Correos y ha desestimado la demanda de Unipost, obligándola a pagar las costas del proceso.
Claves del juicio
Uno de los puntos clave que jugó a favor de Correos en el juicio fue la decisión adoptada por la Comisión Europea en mayo de 2020, que ratificó la legalidad de las ayudas que la empresa pública recibió por la prestación del servicio postal universal entre 2011 y 2020.
También fue importante la gran capilaridad de Correos en el territorio, que presta un servicio clave en muchas zonas rurales en las que no sería rentable para una empresa privada. Entre 2011 y 2020, Correos recibió 1.219 millones de euros como compensación por el cumplimiento de la obligación de prestar un servicio universal.
Por su parte, Unipost presentó concurso de acreedores en julio de 2017, aunque poco después tuvo un último gran encargo de la Generalitat de Cataluña por valor de un millón de euros: el reparto de 5,3 millones de tarjetas censales y 56.000 cartas certificadas para el referéndum independentista ilegal del 1-O. Sin embargo, en septiembre de ese año, la Guardia Civil registró el almacén de la compañía en Terrassa (Barcelona) y acabó con las esperanzas de Unipost de salvar su situación financiera.