El Estado español enfrenta un costo anual de 1.000 millones de euros por sentencias judiciales desfavorables

La economía española se encuentra en un estado de constante vulnerabilidad ante una serie de riesgos fiscales que amenazan con desviar los objetivos económicos trazados. Estos riesgos, que abarcan desde factores macroeconómicos hasta desafíos ambientales y legales, ejercen una presión significativa sobre las finanzas públicas, especialmente en un contexto donde la sostenibilidad fiscal está bajo un escrutinio cada vez mayor. Según Pablo Sempere, en un artículo publicado en El País, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha tomado la iniciativa de analizar y cuantificar el impacto de estos riesgos, buscando mejorar la planificación y mitigación de sus efectos. Uno de los hallazgos más destacados es que los riesgos de carácter legal, derivados de demandas judiciales contra el Estado, representan un costo anual promedio de 1.000 millones de euros.

Riesgos Legales: Un Drenaje Constante para las Arcas Públicas

Entre 2014 y 2023, las sentencias desfavorables al Estado han supuesto un desembolso medio de 1.000 millones de euros anuales, según cálculos de la Airef. Estas sentencias suelen estar relacionadas con impuestos como el de sociedades, la plusvalía municipal o el impuesto especial sobre los hidrocarburos, así como con litigios sobre cánones. La Airef identifica «una serie de errores de carácter recurrente» como causa principal de estas sentencias, incluyendo el uso inadecuado del real decreto ley y la extralimitación normativa. En palabras del autor del artículo, estos fallos a menudo se originan por el uso de instrumentos legislativos inapropiados.

Además, el incumplimiento de la normativa comunitaria también juega un papel importante. Un ejemplo reciente es el caso del tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos. La Airef destaca el impacto de la sentencia del Tribunal Supremo de 2023, que obligó a compensar a contribuyentes que habían cotizado de más a las antiguas mutualidades, con un impacto inicial de 1.700 millones de euros que se espera que aumente. Asimismo, la justicia europea ha cuestionado el tipo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos, vigente entre 2013 y 2018, lo que podría generar un costo fiscal potencial de 6.500 millones de euros.

Recomendaciones de la Airef para Minimizar Riesgos Legales

Ante esta situación, la Autoridad Fiscal insta al Gobierno a adoptar políticas fiscales prudentes y estrategias que reduzcan la exposición a litigios. Entre las medidas propuestas se incluyen:

  • Reforzar la evaluación del impacto financiero y legal antes de implementar cambios significativos.
  • Consultar con organismos europeos e internacionales para evitar litigios.
  • Adoptar una «estrategia judicial proactiva» para evitar la prolongación de los litigios y el incremento de los gastos.

El Impacto de los Riesgos Ambientales

Además de los riesgos legales, las cuestiones ambientales también generan costes fiscales significativos, tanto por la reparación de daños como por las medidas de apoyo a los damnificados. En España, los mayores riesgos son de origen climatológico (incendios y sequías), hidrológico (inundaciones) y meteorológico (lluvias y temperaturas extremas). Entre 2005 y 2023, estos eventos han costado más de 47.000 millones de euros, a lo que se suman los 9.500 millones ocasionados por la dana a finales de 2024.

Cristina Herrero, presidenta de la Airef, considera que es crucial mejorar la información disponible sobre estos desastres y explicitar sus costes en el presupuesto. La Airef sugiere la creación de una base de datos detallada sobre el coste fiscal de estos eventos, permitiendo a la Administración central y a las comunidades autónomas elaborar estrategias de gestión con impacto presupuestario.

Riesgos Macroeconómicos y la Eficacia del Fondo de Contingencia

Los riesgos macroeconómicos, que se manifiestan a través de conmociones imprevistas que desvían el PIB nominal, también representan una amenaza. Estos riesgos pueden estar relacionados con las condiciones financieras, las perturbaciones de costes y precios de las materias primas, los shocks de inmigración o crisis como la pandemia de COVID-19. La Autoridad Fiscal propone mejorar el análisis de los errores de previsión e incluir en los informes de planificación fiscal un análisis detallado de estos errores y su correlación con las proyecciones macroeconómicas y fiscales.

A pesar del impacto fiscal de todas estas conmociones, la Airef señala que el Fondo de Contingencia no se está utilizando en todo su potencial. El 43% de su presupuesto está comprometido con desembolsos recurrentes en defensa o servicios sociales, lo que limita su capacidad para atender gastos verdaderamente imprevistos. Por ello, la Airef plantea la necesidad de restringir estos gastos cotidianos.

Conclusión

En resumen, la Airef está instando a una gestión más rigurosa y proactiva de los riesgos fiscales en España. La correcta identificación, cuantificación y mitigación de estos riesgos, tanto legales como ambientales y macroeconómicos, son esenciales para garantizar la sostenibilidad y estabilidad de las finanzas públicas en un contexto global cada vez más incierto.