La inestabilidad continúa en el ámbito de las mutualidades de funcionarios y se han añadido nuevas complicaciones a los acuerdos sanitarios que cubren a militares y jueces, después de que un tribunal de contratación pública haya decidido paralizar las licitaciones en curso para 2025 y 2026.

Paralización de los concursos de Isfas y Mugeju

Esta medida se ha tomado a raíz de una petición de medidas cautelares presentada por la Asociación Unión Médica Profesional (Unipromel), que representa a médicos independientes, en contra de las condiciones de las dos licitaciones destinadas a renovar la cobertura para los próximos dos años.

Las mutualidades afectadas son Isfas, que atiende a 550.000 militares y guardias civiles, y Mugeju, que presta servicio a 91.000 jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia.

A diferencia de lo sucedido con Muface, cuyo concurso quedó desierto, en estos dos casos sí que se habían presentado varias aseguradoras para ofrecer su cobertura: Asisa y Muface para Isfas y Mugeju, y la Nueva Mutua Sanitaria solo para esta última.

Origen de las impugnaciones

Las resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales se basan en los recursos presentados por Unipromel contra los pliegos de las licitaciones.

El presidente de Unipromel, Ignacio Guerrero, ha manifestado su oposición a las mutualidades funcionariales, argumentando que estas alteran la relación médico-paciente al interponer “varias capas de intereses administrativos y empresariales” que perjudican tanto a los médicos como a los pacientes.

Contexto de las mutualidades

Las mutualidades como Muface, Isfas y Mugeju surgieron en 1975 para organizar la asistencia sanitaria de los funcionarios.

Cada dos años, estos organismos, dependientes del Gobierno central y financiados principalmente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, convocan un nuevo concurso para que las aseguradoras privadas proporcionen cobertura de salud a los mutualistas y sus beneficiarios.

Los funcionarios pueden elegir anualmente entre la sanidad pública y la sanidad concertada a través de alguna de las aseguradoras participantes.

Las mutualidades pagan a estas compañías una prima por cada paciente asegurado, pero desde hace años se quejan de que la financiación recibida es insuficiente.

Situación actual de Muface

En el caso de Muface, al quedar desierto el concurso, el Gobierno ha iniciado un proceso de licitación exprés para intentar atraer al sector asegurador.

El Ministerio de Función Pública ha modificado el proceso, solicitando a las entidades interesadas que informen sobre el precio de sus servicios, con el objetivo de aumentar la transparencia de la nueva licitación.

También se plantean otros cambios, como obligar a los funcionarios a elegir entre la atención pública o la concertada de forma permanente, o ampliar el plazo del convenio a tres años (2025-2027) para dotarlo de mayor estabilidad.

Preocupación entre los funcionarios

Mientras el Gobierno maniobra para salvar el acuerdo, crece la inquietud entre los funcionarios.

El principal sindicato del sector, CSIF, ha convocado una gran movilización para el 14 de diciembre en defensa del concierto sanitario.

Además, el sindicato ha criticado al Ministerio de Sanidad por su intención, expresada en un informe, de traspasar a los 1,5 millones de funcionarios (titulares y beneficiarios) al sistema sanitario público.

Próximos pasos

En cuanto a la paralización de los concursos de Isfas y Mugeju, ahora deberá pronunciarse un tribunal administrativo de apelaciones.

El abogado que ha presentado el recurso en nombre de los médicos autónomos, Juan Miguel Piqueras, estima que la resolución del tribunal tardará entre tres y seis meses, aunque es probable que en este caso se acelere el proceso.

Mientras tanto, los más de dos millones de personas cubiertas por el mutualismo funcionarial esperan con incertidumbre el desenlace de su atención médica.

Los tres conciertos (Muface, Isfas y Mugeju) vencen el 31 de diciembre.

El Gobierno ha anunciado que, en el peor de los escenarios, utilizará la prórroga forzosa para obligar a las aseguradoras a seguir prestando el servicio al menos hasta septiembre de 2025.