El Ministerio de Trabajo de España está impulsando un proyecto de ley para reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales de media en cómputo anual sin acuerdo social. La propuesta ha generado críticas de varios expertos, quienes argumentan que no es necesaria una ley para reducir la jornada laboral y que podría tener consecuencias negativas para la economía.
Críticas a la propuesta
José Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), considera que la propuesta del Gobierno se basa en tres premisas discutibles:
Implicaciones económicas
Conde-Ruiz también advierte que la reducción de la jornada laboral manteniendo los salarios constantes, como propone el Gobierno, supondría una subida de los costes salariales unitarios que podría afectar negativamente a la competitividad de las empresas, el empleo y el PIB.
Jesús Lahera, catedrático de Derecho del Trabajo de la UCM e investigador de Fedea, coincide en que la propuesta del Gobierno es arriesgada y que podría tener efectos no deseados como el aumento de las horas extraordinarias, la compensación de la reducción con más días de vacaciones sin un cambio real de las jornadas laborales o la puesta en riesgo de la desconexión digital.
Propuesta alternativa
Tanto Conde-Ruiz como Lahera abogan por devolver la reducción de la jornada laboral a la negociación colectiva. Consideran que los agentes sociales están a tiempo de suscribir un gran acuerdo marco, que se implemente por la negociación colectiva, con el objetivo de reducir la jornada laboral en estrecha vinculación con la productividad y organización del trabajo.
Este acuerdo social marco confirmaría la tendencia generalizada de reducción de la jornada laboral sin la interferencia de una ley que, de ser aprobada, debería tener un largo plazo de entrada en vigor (mínimo de dos años) para la propia adaptación de la negociación colectiva.
Conclusión
La propuesta del Gobierno de reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales sin acuerdo social ha generado críticas de expertos que consideran que no es necesaria una ley para este fin y que podría tener consecuencias negativas para la economía. Los expertos abogan por devolver la reducción de la jornada laboral a la negociación colectiva y suscribir un gran acuerdo marco que vincule la reducción de la jornada con la productividad y organización del trabajo.