Actualmente, solo 5 de cada 100 profesionales inmobiliarios en México están certificados, lo que facilita la operación de defraudadores en el sector, señaló Christian Alan Salinas Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Capítulo Valle de Bravo.
El especialista destacó que en el Estado de México, la Secretaría de Desarrollo Económico tiene la obligación de levantar un padrón de asesores inmobiliarios certificados a través del Colegio de Notarios, pero si los asesores no se registran, no existen instrumentos legales que les prohíban seguir trabajando sin cumplir los requisitos.
- Revisar los contratos con atención y asegurarse de que los asesores inmobiliarios están certificados y cumplen con la normatividad.
- Solicitar a los vendedores que demuestren la propiedad jurídica y material de los inmuebles, presentando documentación y llevando a los compradores al lugar.
- Verificar que la densidad de construcción ofrecida sea la permitida en el Plan de Desarrollo Municipal y cuadre con lo autorizado.
- Comprobar la capacidad legal de la persona o entidad que solicita el dinero para la inversión, asegurándose de que no se trata de fideicomisos o agrupaciones no legalmente constituidas.
Salinas Rodríguez alertó sobre el reciente fraude inmobiliario en municipios como Valle de Bravo, Amanalco y Huixquilucan, donde al menos 30 personas fueron víctimas. El fraude se concretó a través de contratos que establecían cuotas según el avance del proyecto, pero los vendedores incumplieron y se quedaron con los anticipos pagados por los clientes.
El vicepresidente de AMPI insistió en la importancia de verificar la densidad de construcción permitida, ya que en algunos casos los defraudadores ofrecen proyectos con una densidad mayor a la autorizada, lo que representa una inconsistencia que los compradores deben identificar.