La Delegada del Gobierno en Valencia Declara sobre la Gestión de la DANA

En el juzgado de Catarroja, Valencia, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, está testificando sobre los eventos que rodearon la devastadora DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que azotó la región en octubre pasado. Bernabé está declarando en calidad de testigo en la investigación judicial que busca esclarecer las responsabilidades en la gestión de la crisis, que lamentablemente se saldó con 228 fallecidos. La declaración de Bernabé se produce en un momento de alta tensión política, con acusaciones cruzadas entre el gobierno central y la Generalitat Valenciana sobre la coordinación y la respuesta ante la emergencia.

El Ofrecimiento de la UME: Un Punto Clave en la Investigación

Uno de los puntos centrales de la declaración de Bernabé es su afirmación de que ofreció la Unidad Militar de Emergencias (UME) a la Generalitat Valenciana ocho horas antes de que el gobierno autonómico emitiera la alerta a la población a través de mensajes de texto masivos. Según Bernabé, este ofrecimiento se realizó a las 12:23 horas del 29 de octubre a la entonces consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. Esta información es crucial, ya que la tardanza en la emisión de la alerta es uno de los aspectos más criticados de la gestión de la crisis. Según Joaquín Gil (2025), periodista de El País, fuentes presentes en la declaración confirman este ofrecimiento.

La Demora en la Alerta y sus Consecuencias

El Gobierno Valenciano no envió el SMS masivo hasta las 20:11 horas, cuando ya se habían producido decenas de muertes y numerosas personas se encontraban atrapadas. La jueza instructora ya ha señalado que la alerta llegó tarde y fue confusa. La controversia se centra en si una actuación más rápida y coordinada podría haber mitigado el impacto de la tragedia. La fiscalía está investigando si hubo negligencia o imprudencia en la gestión de la emergencia. La información de que la UME fue ofrecida con antelación añade peso a las críticas sobre la gestión autonómica.

Preocupación por la Comunicación a la Población

Bernabé también ha expresado su preocupación por el contenido del mensaje de alerta enviado a la población. Ella esperaba que el mensaje incluyera instrucciones claras para que los vecinos se refugiaran en las plantas altas de sus viviendas y evitaran las zonas bajas. Según Bernabé, durante la reunión del Cecopi, la alcaldesa de Paiporta informó sobre vecinos que se estaban ahogando. Ante esta situación, Bernabé solicitó que la alerta no se limitara al riesgo de rotura de la presa de Forata, sino que se extendiera a toda la provincia de Valencia. Ella argumenta que la comunicación efectiva y oportuna es vital en situaciones de emergencia.

La Comunicación con el President y las Críticas de la Extrema Derecha

Un detalle curioso que Bernabé ha revelado es que el president de la Generalitat se comunicó con ella a través de WhatsApp utilizando un número de teléfono que no era el suyo, debido a problemas con su propio dispositivo. Este hecho, aunque anecdótico, refleja la situación de caos y dificultad en las comunicaciones que se vivieron durante la jornada. Desde el inicio de la instrucción judicial, Bernabé se ha convertido en blanco de críticas por parte de organizaciones de extrema derecha, quienes intentan responsabilizar al Gobierno central de la inundación. Sin embargo, la jueza instructora y la fiscalía han descartado esta tesis, insistiendo en la competencia autonómica en la gestión de la emergencia. La delegada enfatiza su compromiso de colaborar con la justicia y responder a todas las preguntas que se le formulen.

Otros Testimonios y Próximos Pasos

La declaración de Bernabé se produce después de que los dos ex altos cargos del Ejecutivo de Carlos Mazón, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, declararan como investigados. Ambos defendieron su gestión y trataron de exculpar a Mazón de cualquier responsabilidad. El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, también testificará ante la jueza Tobarra. La investigación judicial continúa su curso, y se espera que en las próximas semanas se produzcan nuevas declaraciones y se recaben más pruebas para determinar las responsabilidades en la tragedia. Las familias de las víctimas exigen justicia y una explicación clara de lo sucedido.

Las pesquisas judiciales se están centrando en los presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes, que podrían acarrear penas de prisión de hasta cuatro años. La sociedad valenciana sigue conmocionada por la magnitud de la tragedia y espera que la justicia determine si hubo fallos en la gestión de la emergencia que pudieron haber evitado la pérdida de vidas humanas. El caso sigue generando un intenso debate político y social en la Comunidad Valenciana.

Referencias