Pablo Otero, 'El Señor Tabaco', acusado de cohecho, lavado de activos y asociación ilícita
La Coalición Cívica denunció al empresario y propietario de Tabacalera Sarandí, Pablo Otero, por los delitos de cohecho, lavado de activos, facturación apócrifa, apropiación indebida de tributos, subfacturación y asociación ilícita ante la Justicia Federal.
Los pagos a la AFIP
Según la denuncia, Otero habría realizado pagos indebidos a funcionarios de la AFIP para evitar el pago de importantes sumas de dinero. Estos pagos se habrían realizado desde el año 2018 hasta la actualidad.
El objetivo de estos pagos era que la AFIP no le reclamara a Otero sumas millonarias de dinero en concepto de impuestos.
Influencia en la AFIP
Además, la denuncia sostiene que Otero habría influenciado a personas dentro de la AFIP para que desapareciera un informe en su contra, en el que se habrían detallado múltiples irregularidades.
Este informe habría sido practicado por la AFIP y habría detallado las ilicitudes cometidas por Otero y Tabacalera Sarandí.
El contexto de la denuncia
La denuncia se produce días después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenara a Tabacalera Sarandí que comience a pagar el impuesto a los cigarrillos.
Esta decisión de la Corte se produjo tras suspender la ejecución de la sentencia de Cámara que habilitaba a la empresa a no pagar el tributo interno al tabaco.
La denuncia de la Coalición Cívica se suma a las acciones judiciales que vienen llevando adelante diversas empresas tabacaleras contra el impuesto a los cigarrillos.
Estas empresas argumentan que el establecimiento de un piso mínimo elevado en el impuesto las coloca en inferioridad de condiciones para competir con las empresas más grandes.
La respuesta de la Corte Suprema
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto cuatro medidas cautelares concedidas a Tabacalera Sarandí S.A., que frenaban el accionar del fisco para perseguir el cobro del impuesto interno al tabaco.
En su nueva sentencia, la Corte recordó que el 14 de marzo de este año, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal admitió la ejecución anticipada de la sentencia declarativa de inconstitucionalidad solicitada por Tabacalera Sarandí S.A.
Esta decisión de la Cámara implicaba que la empresa no haría frente al tributo hasta tanto la Corte se expidiera sobre la cuestión de fondo.
La Corte señaló que corresponde la suspensión del incidente de ejecución de sentencia si los argumentos planteados en el recurso extraordinario y mantenidos en la queja podrían, prima facie, y sin que implique pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión debatida, involucrar cuestiones susceptibles de examen en la instancia del artículo 14 de la ley 48 (recurso extraordinario).
El Máximo Tribunal entendió que ello resulta aplicable en este caso, pues la Cámara, con su decisión, “en la práctica, ha inhibido potestades fiscales por un monto excepcionalmente elevado y alterado el efecto del recurso interpuesto por la apelante contra la sentencia de fondo, requiriendo para ello solamente la caución juratoria de la parte apelada”.
Por eso, decretó la suspensión de la ejecución de la sentencia ordenada por la Cámara. De esta forma, ya no queda pendiente ninguna medida preventiva, cautelar o de ejecución anticipada que tramite ante la Corte, que le impida al fisco determinar y percibir el tributo contra Tabacalera Sarandí S.A.
El futuro de la causa
En paralelo, sobre la cuestión de fondo (la constitucionalidad o no de la normativa que regula el impuesto interno al tabaco), la Corte decidió conferir vista a la Procuración General de la Nación, para que emita su dictamen de rigor.
Pese a que hace dos semanas el máximo tribunal había revocado dos cautelares, Otero no había empezado a pagar los gravámenes. Pero con este nuevo fallo de la Corte, Tabacalera Sarandí ya no tiene medidas cautelares que le impidan el pago del impuesto.
Todavía no está claro si Otero también deberá abonar la deuda acumulada durante cinco años, que superaría los u$s1.000 millones.
La denuncia contra Pablo Otero y Tabacalera Sarandí es un nuevo capítulo en la larga historia de irregularidades en el sector tabacalero argentino.
Esta denuncia pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los controles sobre las empresas tabacaleras y de garantizar el cumplimiento de las leyes tributarias.
