El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que se ha estado negociando durante 25 años, parece estar más cerca que nunca. Sin embargo, el pacto ha generado reacciones encontradas en el sector agrícola y ganadero español.
Los agricultores españoles cargan contra el acuerdo
Organizaciones como Asaja, COAG y UPA critican duramente el proyecto, acusando al Gobierno de actuar con "indignidad" y de utilizar al sector agrícola "como moneda de cambio" para otros intereses. Miguel Padilla, secretario general de COAG, califica el comportamiento del Gobierno de "indignante" y alerta de que el acuerdo tendrá un impacto negativo del 20% en la ganadería, con pérdidas de más de 3.000 millones de euros. Pedro Barato, presidente de Asaja, considera que el pacto se ha gestado "deprisa" y "sin contar con los intereses de los productores".
El Gobierno defiende el acuerdo
Por su parte, el Gobierno aplaude el pacto y asegura que representa una "gran oportunidad económica para el sector agrario". El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, celebra lo que considera un "acuerdo histórico", que califica como un "puente económico sin precedentes entre Europa y América Latina". El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, afirma que "nuestro sector agroalimentario saldrá reforzado de esta apertura a un continente con el que nos unen lazos de cultura e idioma".
Los viticultores celebran el acuerdo
Sin embargo, no todas las respuestas al acuerdo han sido negativas. El Comité Europeo de Empresas Vitivinícolas (CEEV) aplaude el acuerdo por lo que supone de garantía para la sostenibilidad económica a largo plazo del sector vitivinícola europeo. Según el sector, el acuerdo supone un paso significativo para las exportaciones del vino europeo, con ejemplos destacados de oportunidad de expansión como Brasil, donde existe ahora mismo un arancel del 27%.
El acuerdo UE-Mercosur, que abarca a 750 millones de personas, es el mayor acuerdo comercial del mundo. Se espera que impulse la diversificación de los flujos comerciales, la resiliencia de las cadenas de suministro, el crecimiento económico y la creación de empleo. Además, se considera que da un paso al frente en la seguridad económica y la autonomía estratégica de la UE.
Sin embargo, el sector agrícola español teme que el acuerdo perjudique su producción y provoque pérdidas económicas. Las organizaciones agrarias exigen al Gobierno una política comercial que beneficie a las familias dedicadas a la agricultura y la ganadería en España y advierten de que no aceptarán un acuerdo que "haga la vista gorda" a sus preocupaciones.