Carlos Torres, implicado indirectamente
Cabaleiro asegura en su informe, fechado el 17 de mayo, que la investigación se ha llevado a cabo de manera clara, amplia e indiscutida por la Fiscalía, por lo que solicita la apertura de un juicio oral contra el banco. Aunque Carlos Torres no está imputado en la causa, el fiscal considera que, como consejero delegado, envió correos electrónicos a ejecutivos bajo su responsabilidad para expresar su interés en negocios de personas vinculadas con la entidad.
Un proceso dilatado
El movimiento del fiscal es el último eslabón de una investigación que lleva años abierta y que indaga en los vínculos entre el BBVA y el excomisario. El juez de la Audiencia Nacional que investiga los negocios privados de Villarejo, Manuel García Castellón, concluyó a finales de enero la instrucción centrada en el banco, pero aún no ha dado a conocer si considera que hay indicios suficientes de delitos para llevar a juicio a la entidad.
La fecha prevista para que García Castellón deje el Juzgado Central de Instrucción número 6 es octubre de este año, momento en el que cumplirá 72 años. La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece la jubilación forzosa de los jueces y magistrados a los 70 años, si bien la retirada se puede prorrogar otros dos años. Esto es lo que ha hecho el magistrado de la Audiencia Nacional, con el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no vio ningún defecto de forma en su solicitud.
El calendario de BBVA
Ante la cercanía de esta fecha, fuentes jurídicas conocedoras del procedimiento señalan que el instructor tiene la intención de cerrar todos los flecos de la investigación y dejar zanjado el asunto. Este calendario impacta en la propia hoja de ruta del BBVA para los próximos meses. El banco, tras haber intentado por segunda vez en casi cuatro años una fusión amistosa, lanzó a principios del mes pasado una opa hostil para hacerse con el Banco Sabadell.
La oferta, a razón de 4,83 títulos del banco catalán por cada uno del madrileño, es considerada insuficiente por el consejo de administración de la entidad vallesana, que la ha rechazado. Ahora serán los accionistas quienes deberán decidir si acuden a la opa, que deberá contar con las autorizaciones del Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV).
El BBVA espera que este asalto sobre el Sabadell culmine entre seis u ocho meses. Por el momento, ha convocado a sus accionistas a una junta general extraordinaria el próximo 5 de julio, en la que deberán dar luz verde a la transacción, que supone ampliar capital por hasta el 20% para atender a ese canje en acciones.