El campo bonaerense en pie de guerra contra el aumento del impuesto inmobiliario rural
En medio del malestar del campo bonaerense por el incremento del impuesto inmobiliario rural, el expresidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Juan Pedro Merbilhaa, presentó un análisis sobre las posibles acciones que puede tomar el sector frente a esta medida.
Recomendaciones legales
Merbilhaa recomendó la acción meramente declarativa de certeza, un procedimiento breve que permite plantear una medida cautelar previa sin intervención de la demandada. Esta vía judicial brinda la posibilidad de ir directamente al fondo de la cuestión sobre la inconstitucionalidad de las normas legales y actos impugnados.
El dirigente también aconsejó limitar la impugnación a los fundamentos legales más sólidos, evitando argumentos meramente retóricos. Sugirió evitar alegar cuestiones fácticas que requieran demostración, como la confiscatoriedad o el impacto real en el patrimonio del contribuyente.
Argumentos de ilegalidad e inconstitucionalidad
Merbilhaa sostiene que el aumento del tributo para el ejercicio 2024 no podrá ser superior al 200%, comparando la cuota 2024 con la cuota 2023, según lo establecido en la ley. Sin embargo, afirma que en la gran mayoría de los casos se superó tal límite.
Además, el dirigente señala que el ajuste de la base imponible para el tributo 2024, dispuesto por el gobierno provincial, es ilegal e inconstitucional. Asegura que solo el Poder Legislativo puede establecer ese ajuste y que incluso la Legislatura no puede imponer por encima de la valuación fiscal.
Merbilhaa considera que el gobierno provincial consiguió que se aprobara un ajuste de la base imponible que en realidad consiste en un aumento de la valuación fiscal, lo cual es ilegal. Afirma que con ese mecanismo, ARBA está aplicando el límite del 200%, pero sobre la base imponible ilegalmente ajustada.
Acciones gremiales individuales
El expresidente de Carbap instó a los productores rurales a tomar las acciones judiciales no solo como una defensa de derechos individuales, sino también como una acción gremial individual, una forma de compartir desde lo individual una lucha sectorial ante el avasallamiento del poder político.
Merbilhaa considera que el gobierno provincial y ARBA están llevando a cabo una conducta ilegítima, arbitraria, abusiva y hasta quizá penalmente punible. Esta situación, sostiene, constituye un conflicto de poderes implícito.