El caso Astapa, el último gran caso de presunta corrupción urbanística de la Costa del Sol, está a punto de resolverse
Después de 18 años de investigación y un juicio de 15 meses, el caso Astapa, el último gran caso de presunta corrupción urbanística de la Costa del Sol, está a punto de resolverse. Este lunes, las 37 personas acusadas en el juicio han ejercido su derecho a la última palabra. Solo lo han hecho una decena, entre ellos el entonces alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, quien ha subrayado que el tiempo transcurrido desde su detención en 2008 hasta ahora ha sido “muy duro”. Como el suyo, el resto de testimonios ha servido para conformar un relato dramático y emocional repleto de crisis psicológicas, depresión, ansiedad, enfermedades o problemas familiares y profesionales.
Un proceso judicial con muchas dificultades
El caso Astapa ha estado plagado de dificultades desde el principio. Primero por problemas en los medios informáticos y de personal, que provocaron que cada paso administrativo se eternizara. La instrucción se cerró en mayo de 2017 y en julio de 2018 la Fiscalía Anticorrupción acusó ya solo a 51 personas, por los delitos de malversación, cohecho, prevaricación, falsedad, fraude y tráfico de influencias. Con el arranque del juicio, en enero de 2023, los argumentos de la investigación volvieron a reducirse tras acordarse anular las escuchas que dieron origen al caso.
Además, el proceso judicial tuvo que ser dividido en una decena de bloques temáticos para intentar facilitar el trabajo a todas las partes. Así, se han tratado supuestas irregularidades en convenios urbanísticos, depósitos bancarios en Suiza y Andorra, pagos de comisiones, financiación ilegal de partidos o enriquecimiento presuntamente ilícito de acusados, entre otras cuestiones. Todo ello con la participación de centenares de peritos y testigos.
El fiscal pide penas de hasta 10 años de cárcel
El fiscal ha mantenido que existía una caja b en el consistorio con “aportaciones de promotores con intereses inmobiliarios”. El principal acusado era Barrientos, para quien se solicitaban inicialmente 10 años y nueve meses de prisión por cuatro delitos, y también se pedían penas de cárcel para concejales, empresarios, abogados y funcionarios.
Sin embargo, el fiscal ha ido rebajando su petición de penas a medida que avanzaba el juicio. En su escrito final de acusación, ha rebajado la petición de penas para todos los 37 acusados que quedaban, entre ellos el regidor esteponero, para quien la solicitud bajaba de diez a dos años de cárcel.
Los acusados denuncian trato de culpables
Los acusados han denunciado que han recibido un trato de culpables desde el principio de la investigación. “Lo que les une es que en todo este tiempo han tenido el trato de culpables y no de presuntos inocentes”, ha explicado el abogado de tres de ellos, José Carlos Aguilera. “Este es el paradigma de la insolvencia del Estado de derecho”, ha insistido el letrado.
Aguilera ha puesto el foco precisamente en las dificultades que ellos y otros muchos encausados han tenido desde que arrancó la investigación policial. ”Embargos de pensiones, patrimonio o depósitos en bancos, problemas familiares, empresas arruinadas. Ha habido medidas cautelares que han estado vigentes hasta hace poco y que han tenido un efecto devastador en el plano familiar, personal o profesional de muchos de ellos”, ha lamentado el letrado.
La sentencia se conocerá el próximo 8 de noviembre
El caso ha quedado prácticamente visto para sentencia, a falta solo de localizar a un último acusado para darle la oportunidad de ejercer el derecho a la última palabra o renunciar a ello. El tribunal prevé que la sentencia se haga pública el próximo 8 de noviembre, cuando se realizará una lectura pública de la misma, según ha explicado el magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga, Andrés Rodero.
