El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) solicitó un presupuesto de 75 mil 142 millones de pesos para 2025, a pesar de la posible desaparición del organismo.

El CJF, que administra a los jueces y magistrados federales del país, presentó este monto en un escrito enviado al Ejecutivo Federal el 5 de noviembre pasado. El presupuesto se integrará al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que será discutido y aprobado por el Congreso de la Unión.

Incertidumbre sobre el futuro del CJF

La solicitud de presupuesto del CJF se produce en medio de la incertidumbre sobre el futuro del organismo. La reforma constitucional aprobada en diciembre de 2022 prevé la desaparición del CJF y su sustitución por dos nuevos entes: el Consejo Nacional de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia de la Nación.

Sin embargo, la implementación de la reforma aún no se ha concretado y se desconoce cómo impactaría en el presupuesto solicitado por el CJF.

Incremento del 4.9% en términos reales

El presupuesto solicitado por el CJF para 2025 representa un incremento del 4.9% en términos reales (considerando la inflación estimada por la Secretaría de Hacienda para el cierre de 2024), respecto de lo que la Cámara de Diputados autorizó para 2024.

El CJF destacó que el monto solicitado es 12.8% inferior, en términos reales, al que le fue autorizado hace siete años (para el ejercicio fiscal 2018).

Destino del presupuesto

El CJF explicó que 8 de cada 10 pesos solicitados para 2025 se destinarán al rubro de servicios personales, que incluye salarios y prestaciones de los 50 mil 81 empleados que tiene, 87% de los cuales se desempeñan directamente en labores jurisdiccionales y de apoyo a la función jurisdiccional.

También se prevén recursos para cubrir las remuneraciones y prestaciones previstas en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, para garantizar el respeto a los derechos laborales de los trabajadores.

Cumplimiento de la reforma constitucional

El CJF señaló que la solicitud de presupuesto está en concordancia con lo previsto en el Artículo Décimo Transitorio de la reciente reforma constitucional al Poder Judicial, que estableció el compromiso de respetar todos los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial vigentes al momento de su entrada en vigor.

También se consideraron las suspensiones derivadas de los juicios de amparo promovidos en contra de la reforma constitucional, que ordenan al Consejo abstenerse de realizar ajustes presupuestarios que impacten negativamente en las remuneraciones de los trabajadores.