El concierto de Muface queda desierto y deriva a 1,5 millones de personas a la saturada sanidad pública

Las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV han decidido no presentarse al nuevo convenio del concierto de Muface, que ofrece atención sanitaria a 1,49 millones de funcionarios y familiares, al considerar que la propuesta económica era insuficiente para evitar las pérdidas en este negocio. Desde el 2 de octubre, todos estos colectivos estaban pendientes de qué ocurría con este concierto, después de que las aseguradoras que estaban en el actual concierto se marcharan de una reunión por las discrepancias económicas con el Ministerio de Función Pública.

Pérdidas millonarias

Las fuertes subidas de precios de 2022 y el aumento de las consultas médicas habían convertido a este servicio en una fuente constante de pérdidas. Las tres aseguradoras implicadas calculaban que con el último concierto (2021-2024) habían perdido en conjunto 600 millones de euros, puesto que las aportaciones del Estado por funcionarios eran insuficientes. Reclamaron entonces una mejora en la dotación económica del 40%. El Gobierno publicó unos pliegos de contratación con una subida del 17%, pero incluso este fuerte incremento no ha bastado para que Adeslas, DKV y Asisa decidieran presentarse.

Saturación de la sanidad pública

A partir de ahora, Muface tendrá que derivar a todos sus mutualistas a un sistema sanitario público que ya está muy estresado, especialmente en la atención primaria. En un 72% de los casos se escoge la sanidad concertada. En concreto, en 2024 un 34% optó por Adeslas, un 25% por Asisa y un 13,2% por DKV. El restante 28% optó por la sanidad pública. A partir de ahora, todo el colectivo tendrá que acudir al sistema público de salud, gestionado por las Comunidades Autónomas.

En el comunicado enviado por DKV donde explica por qué no acuden al concierto, la compañía argumenta que, de haberlo hecho, habrían sufrido unas pérdidas de 77 millones de euros.

Reacciones

El sindicato CSIF ha criticado duramente la decisión de las aseguradoras y ha pedido al Gobierno que intervenga para garantizar la atención sanitaria de los funcionarios. Por su parte, el Ministerio de Función Pública ha lamentado la decisión de las aseguradoras y ha asegurado que está trabajando para encontrar una solución que garantice la atención sanitaria de los funcionarios.