La tensa relación entre el gobierno nacional y los gobernadores se recrudece debido a la eliminación de los giros de la Anses a 13 cajas de jubilaciones provinciales, lo que ha generado controversia y amenazas de nuevas acciones judiciales.
¿Qué está ocurriendo?
Desde que Javier Milei asumió la presidencia, la Anses ha suspendido los pagos a las cajas de jubilaciones provinciales que no han sido transferidas al ámbito nacional. Esta decisión ha generado reclamos de los gobernadores, quienes argumentan que estos fondos son esenciales para cubrir los déficits en los sistemas previsionales de sus respectivas provincias.
Impacto en las finanzas provinciales
La eliminación de los giros de la Anses ha tenido un impacto significativo en las finanzas provinciales. Los gobernadores ahora se enfrentan al dilema de recortar otros programas o aumentar impuestos para cubrir la brecha creada por la falta de ingresos provenientes de estas transferencias.
Acciones legales
Varios gobernadores ya han anunciado que recurrirán a la Justicia para impugnar la decisión del gobierno nacional. Las cajas de jubilaciones afectadas también están considerando acciones legales para exigir el pago de los fondos adeudados.
Antecedentes
El conflicto actual tiene sus raíces en un acuerdo alcanzado durante el gobierno de Mauricio Macri, que establecía que las provincias que no transfirieran sus sistemas previsionales recibirían fondos equivalentes a los que el sistema central gastaría si los tuviera a su cargo. Este acuerdo ha sido incumplido por el gobierno de Milei.
Preocupaciones sobre la sostenibilidad
La falta de financiamiento adecuado genera preocupaciones sobre la sostenibilidad de los sistemas previsionales provinciales. Sin reformas o mayores aportes de los empleados públicos, el déficit continuará aumentando, lo que podría obligar a los gobiernos a tomar medidas drásticas en el futuro.
Implicaciones políticas
El conflicto entre el gobierno nacional y los gobernadores está socavando la relación entre ambos niveles de gobierno. También está creando un clima de incertidumbre para los empleados públicos y los jubilados, que dependen de estos sistemas previsionales para su sustento.