El directivo del IE y exconsejero del PP, Juan José Güemes, imputado en el ‘caso Begoña Gómez’
El juez del caso considera que hay contradicciones en su declaración sobre la contratación de la esposa del presidente del Gobierno
El juez Juan Carlos Peinado ha imputado este lunes a Juan José Güemes —directivo del Instituto de Empresa Business School (IE) desde 2010 y consejero de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2010— en el marco de la investigación que sigue contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
Fuentes jurídicas señalan que Güemes, que preside el Centro de Emprendimiento e Innovación del IE, ha comparecido esta mañana como testigo ante el juzgado y, tras cinco minutos en la sala de vistas, ha salido con la condición de investigado al apreciar el magistrado contradicciones en su declaración.
Güemes fue citado después de que Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, tomara declaración como testigo, hace un mes, a la directora de recursos humanos del IE (un centro privado de formación en negocios), Sonsoles Blanca Gil de Antuñano. Esta aseguró al juez que fue Güemes quien le dijo en 2018 que había que contratar a la esposa del presidente del Gobierno.
Begoña Gómez estuvo al frente del IE África Center, dependiente del IE, entre 2018 y 2022. En la denuncia inicial de la organización ultra Manos Limpias contra la esposa del presidente del Gobierno ―que dio origen a la causa― se sostenía que la compañía Globalia-Air Europa “pactó pagar 40.000 euros al año al África Center” y que este acuerdo entre Globalia y el IE incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para Gómez y su equipo.
La esposa de Pedro Sánchez está imputada por corrupción en los negocios, tráfico de influencias, intrusismo profesional y apropiación indebida. Se desconoce aún el delito que el juez ha imputado a Juan José Güemes. En la causa también están siendo investigados el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache.
Según han relatado fuentes jurídicas a Efe, Güemes ha declarado que conoció a Begoña Gómez en 2017, que ella le llamó a él para darle su currículo y que, en ese momento, él consideró que el mismo “no se ajustaba” a las necesidades del IE, a pesar de lo cual dio la orden de contratarla al año siguiente. El magistrado le ha preguntado si finalmente la contrató porque era la esposa del presidente y él ha contestado que no, lo que ha motivado que el juez le avisara de que podría pedir un careo con la responsable de recursos humanos que declaró hace unas semanas, a lo que Güemes se ha negado. Entonces el juez le ha preguntado si consideraba que esa testigo había incurrido en falso testimonio y finalmente le ha comunicado que pasaba a estar investigado.
Este lunes han declarado también como testigos Gabriel Ramón Navarro, director de la Asesoría Jurídica de la Universidad Complutense, y Adriana Ángel, trabajadora del IE. Esta, según las fuentes citadas por Efe, ha afirmado que el África Center se creó cuando se contrató a Begoña Gómez, dando por relacionadas ambas cosas, aunque ha precisado que entre sus competencias no está la contratación de profesores ni de directivos.
Por su parte el asesor jurídico de la Universidad Complutense ha respondido a preguntas sobre el informe que hizo la institución para tratar de concretar si hubo una apropiación indebida en relación a la contratación de un software del máster de la cátedra que codirigía Begoña Gómez. En ese informe, remitido al juzgado el pasado julio, los servicios jurídicos de la universidad informaban de las actuaciones desplegadas para averiguar “si ha existido una utilización privativa o apropiación del producto”, pero lamentaban que no habían podido alcanzar una “conclusión definitiva”, en particular “por la falta de colaboración de determinados intervinientes”. Gabriel Ramón Navarro ha argumentado ante el juez que la Complutense es un organismo público y no se puede obligar a sus integrantes a colaborar.
Las acusaciones populares han considerado “contradictorias y evasivas” las declaraciones de este testigo, y han asegurado a Efe que el magistrado ha expresado su malestar con la universidad y con el IE porque no responden a sus requerimientos o piden aclaraciones que él cree innecesarias. El letrado de Iustitia Europa, Luis Pardo, ha señalado que “las administraciones y diferentes organismos no están respondiendo a lo que se está solicitando y todo esto está dificultando enormemente la instrucción judicial”. El abogado de HazteOir, Javier María Pérez-Roldán, ha apuntado, en la misma línea, que “el caso avanza a pesar de los obstáculos que están poniendo las administraciones y otras entidades”, y ha subrayado que “hay muchos que vienen de testigos y acaban imputados porque dan respuestas evasivas, no entran al detalle, y no recuerdan cosas que tienen que recordar”.