El empresario que regaló 100.000 euros a Alvise pide auxilio judicial para evitar que se investigue una estafa piramidal

El empresario Álvaro Romillo, fundador de Madeira Invest Club, ha solicitado auxilio judicial para evitar que se investigue una posible estafa piramidal por parte de su empresa.

Romillo ha ofrecido su patrimonio y ha solicitado un administrador judicial para sus empresas para hacer frente a las deudas de los inversores.

La Audiencia Nacional aún no ha abierto una investigación formal, pero ha recibido tres denuncias colectivas y está estudiando si los hechos denunciados pueden estar vinculados a un delito.

La Fiscalía del Tribunal Supremo también está investigando a Alvise Pérez, eurodiputado de Se Acabó la Fiesta (SALF), por una supuesta financiación ilegal a raíz de las revelaciones de Romillo.

Competencia judicial

Uno de los principales escollos es determinar qué órgano judicial es competente para investigar el caso.

La Fiscalía del Supremo ha entrado en juego debido a la implicación de Alvise Pérez, lo que ha abierto un debate sobre si las diligencias deben enviarse al alto tribunal.

Algunos representantes legales de los afectados apuestan por mantener la investigación en la Audiencia Nacional para buscar la reparación del daño a los perjudicados, mientras que otros plantean enviar todas las diligencias al Supremo.

Posible estafa piramidal

Madeira Invest Club prometía rentabilidades de entre el 30 y el 53% anual en inversiones en criptomonedas, bienes de lujo y obras de arte digitales.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) calificó a la sociedad de "chiringuito financiero".

Según las denuncias presentadas, el perjuicio económico podría ascender a entre 300 y 600 millones de euros, ya que los inversores hacían una aportación inicial de 2.000 euros anuales.

Petición de auxilio judicial

Romillo ha presentado dos escritos a la Fiscalía General del Estado y otros dos a la Audiencia Nacional para mostrar su intención de colaborar con la justicia.

En los escritos, se pone a disposición del juez su patrimonio y se solicita la emisión de una Orden Europea de Investigación (OEI) a Portugal para desbloquear cuentas bancarias de Sabroso LDA, uno de los negocios de Romillo.

También se ha solicitado la designación de un administrador judicial para 13 empresas de su entramado con el fin de evitar su quiebra y afrontar las deudas.

Investigación en curso

El juez de la Audiencia Nacional ha dictado un auto de incoación de diligencias previas, paso previo a la apertura de una investigación judicial.

El juez está estudiando si los hechos denunciados pueden estar vinculados a un delito y ha solicitado un informe a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Por el momento, ningún tribunal ha abierto ninguna causa judicial.