El endeudamiento de la Seguridad Social alcanza los 88.759,4 millones de euros

El Tribunal de Cuentas ha pedido a las Cortes Generales que adopten medidas urgentes para afrontar y resolver el endeudamiento de la Seguridad Social, cuyo patrimonio neto negativo ascendía a finales de 2022 a los 88.759,4 millones de euros. Así consta en la Declaración sobre la Cuenta General del Estado, realizada por la Intervención General (IGAE) del ejercicio de dicho año.

En su informe al Parlamento, el órgano fiscalizador subraya que la Seguridad Social lleva seis años seguidos con déficit. Fuentes del órgano fiscalizador han subrayado la importancia de que el fondo de reserva o “hucha de las pensiones” forme parte, en términos de contabilidad, del patrimonio de la Seguridad Social. En teoría, está legalmente previsto que así sea a partir del ejercicio de 2023.

Causas del endeudamiento

Una de las causas de esa deuda deriva de los préstamos que ha venido empleando el Estado para financiar la Seguridad Social. Las fuentes consultadas indican que los préstamos son en muchos casos prorrogables. En el caso de 2022, los préstamos del Estado a la Seguridad Social ascendieron a casi 7.000 millones de euros. Cuando vencen, por lo general estos préstamos vuelven a prorrogarse.

Probablemente, las recomendaciones que se remitan a las Cortes aconsejarán que se aporten los recursos a la Seguridad Social por medio de transferencias corrientes, y no a través de préstamos. En 2022 ya se hicieron, hasta un total de 18.396 millones de euros.

La deuda de la Seguridad Social en cifras

Medidas para resolver el endeudamiento

El informe del Tribunal de Cuentas dirigido a las Cortes va a instar la adopción de “las medidas legislativas necesarias para resolver la situación financiera de endeudamiento del Sistema de la Seguridad Social frente al Estado”.

El criterio del Tribunal de Cuentas es que se han tomado ya algunas iniciativas, pero siguen siendo insuficientes. El informe del Tribunal de Cuentas relativo a la contabilidad general del Estado correspondiente a 2022 destaca que persisten las discrepancias entre la contabilidad patrimonial de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Administración General del Estado respecto a las insuficiencias de financiación de asistencia sanitaria y servicios sociales.