El expresidente del Banco Popular Ángel Ron ha presentado un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para evitar ir a juicio por el denominado "caso Popular". Corresponderá a este tribunal la decisión de si finalmente se celebra o no el juicio.

Situación actual

En esta causa, que se ha prolongado durante casi seis años, el juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, ha investigado la ampliación de capital convocada por la entidad financiera en 2016, poco antes de su quiebra en 2017.

Motivos del recurso

Hace escasas semanas, Calama propuso enviar a juicio a Ron, a pesar de haber exonerado al que fuera su sucesor, Emilio Saracho. De acuerdo con el magistrado, Ron "impulsó" dicha ampliación de capital y "permitió que se aprobara con un déficit de gobernanza notable".

Asimismo, el magistrado considera que Ron habría alterado de forma "premeditada" las cifras del banco para maquillar sus cuentas y así atraer inversores a dicha ampliación de capital, por valor de 2.506 millones de euros.

La defensa del exbanquero, ejercida por el abogado José Antonio Choclán, ya presentó un recurso de reforma, con el que intentó que el propio juez echara atrás su decisión. No tuvo éxito: Calama insistió en la necesidad de enviar a juicio a Ron.

Argumentos de la defensa

Ahora, Choclán ha formulado un recurso de apelación dirigido a la Sala de lo Penal, el tribunal jerárquicamente superior al instructor y encargado de revisar y corregir sus resoluciones.

EL ESPAÑOL-Invertia ha tenido acceso al documento, en el que el abogado de Ron contradice la tesis del juez. Subraya, por ejemplo, que el presidente del consejo de administración del Banco Popular no tenía un poder "omnisciente".

Por otra parte, el letrado denuncia que la decisión de Calama supone "una suerte de causa general" contra el señor Ron, a quien, según el abogado, el auto atribuye "un conocimiento y control de todos los estamentos del banco, argumentos sin soporte legal y documental, que ni siquiera a nivel indiciario pueden ser acogidos".

Las dos resoluciones en las que Calama solicitó enviar al exdirectivo al banquillo señalaban que este era "el máximo responsable de la administración del Banco Popular, nada menos que presidente de su Consejo de Administración". "Ron era presidente ejecutivo (...), lideró la ampliación de capital de 2016 (...) y presidía también la comisión delegada del Consejo", reza el segundo de aquellos dos autos, el que rechazaba el recurso de reforma presentado por Choclán. "No es una figura ornamental o meramente representativa", subrayó el juez, en sintonía con la Fiscalía Anticorrupción, que pidió desestimar el recurso, como así ocurrió.

Petición de la defensa

El abogado defensor solicita ahora a la Sala de lo Penal el archivo de la causa para su cliente, ya que "entre sus atribuciones no estaban ni la contabilización de las operaciones (...) ni la elección de un criterio o interpretación de la norma contable ni la elección de los tasadores"

El recurso pide "tener en cuenta el enorme tamaño del Banco Popular" y su volumen de activos al cierre de 2015, de casi 160 mil millones de euros, así como los 15.000 empleados que componían la plantilla y las más de 2.000 oficinas que, entre España, Portugal y EE. UU., llevaban su logotipo y a las que acudían "millones de clientes personas físicas y medio millón de pequeñas y medianas empresas"

"El buen gobierno de una compañía de este tamaño depende de la existencia de procedimientos internos de calidad contrastada", alega el documento.

"El conocimiento de las cuentas por parte del presidente era completo solo desde la perspectiva de su materialidad. Es decir, en una empresa con 160.000 millones de activos, el conocimiento que puede tener un presidente de los resultados de la misma es aquel que se deriva de unos procedimientos internos reglados y supervisados jerárquicamente que permitan marcar una estrategia, pero no una labor de supervisión técnica que no corresponde en ningún caso al presidente", añade.

En defensa de Ron, el recurso señala que las cuentas del Popular eran auditadas anualmente y niega cualquier intento de engañar o estafar a los inversores. Asimismo, recuerda que el expresidente de la entidad, al igual que otros consejeros, invirtió parte de su patrimonio en la ampliación de capital.

"Y parece altamente improbable y contrario a la razón que si existiese la voluntad de ocultar un desfase contable, alterando la imagen fiel del banco, los administradores —y, en este caso, el presidente, al que se le adjudica un papel trascendente en la supuesta falsedad de cuentas o en la supuesta estafa— pidiesen un informe detallado sobre las provisiones por deterioro de créditos previo a la ampliación de capital de 2016 a un tercero externo e independiente del banco", recalca el recurso.

"No hay en los autos ningún indicio que permita afirmar que las cuentas se adulteraron en ninguna de las fases de su generación. No era ni técnica ni fácticamente posible. Dudar de la calidad del proceso, que no fue puesto nunca en duda por ninguno de los sucesivos supervisores, no deja de ser una afirmación arbitraria sin contenido fáctico alguno", reprocha el recurso, de 21 folios.

"¿Cómo se puede acusar sin alegar ni una sola evidencia de participación del presidente del banco en una trama para alterar la contabilidad, cuando eso era fácticamente imposible, sin evidenciarlo ante cualquiera de los externos que participaban en el proceso? ¿Ha declarado alguno de los investigados en las presentes diligencias previas acaso haber recibido instrucciones del presidente en ese sentido?", se pregunta el abogado defensor.

Conclusión

El letrado de Ron subraya que la actuación del entonces banquero fue correcta, de acuerdo con los parámetros del Banco de España y del Banco Central Europeo. Niega, a su vez, que el folleto informativo de la ampliación de capital omitiera datos relevantes o alterase ciertas cifras.