El fin de las ayudas estatales al transporte deja un boquete de 220 millones en los planes de Ayuso
El Partido Popular (PP) y Junts se unieron el miércoles para tumbar el decreto ómnibus del gobierno central (PSOE y Sumar), lo que supuso una derrota para el Ejecutivo de Pedro Sánchez y un problema para la Comunidad de Madrid.
Según los cálculos del delegado gubernamental en la región, Francisco Martín, cada madrileño beneficiario del Ingreso Mínimo Vital dejará de percibir 614 euros en 2025; los 1,1 millones de jubilados madrileños perderán 619 euros; y la propia Comunidad dejará de ingresar 1.286 millones. Un terremoto social con epicentro en el sistema de transportes: el Estado ya no aportará la mitad del 60% de bonificación pactada para abaratar el transporte público (Metro, Cercanías y Autobuses) que compartía con el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
Un problema político de primer orden para la baronesa, pues Madrid es la región más afectada económicamente: o el ministerio encuentra una nueva vía para pagar los 220 millones que invirtió en el descuento en 2024, o Ayuso tendrá que elegir entre asumir ese gasto, para que la rebaja siga siendo del 60%; reducirla al 30% que venía aportando Madrid; disminuirla aún más; o eliminarla directamente.
El boquete en los planes de Ayuso
El boquete en los planes de la presidenta regional —propiciado por el voto del PP, su partido, contra un decreto que mezclaba múltiples medidas en una sola votación, algunas aceptables y otras no para los conservadores—, no tiene comparación. De los 220 millones que recibía Madrid se pasaba a los 93,9 de Cataluña, los 40,4 de Andalucía o los 22,6 de la Comunidad Valenciana, según datos publicados en su cuenta de X (antiguo Twitter) por el ministro Óscar Puente.
Mientras se encuentra una solución, en la que ya trabaja el gobierno central, la Comunidad mantendrá “de momento” la bonificación. Pero la medida de ese tiempo en el que continuará la ayuda se calcula más en días y semanas que en meses.
Y la oposición está pendiente. Así, Más Madrid registró el miércoles una iniciativa en la Asamblea para que el gobierno regional mantenga el descuento del 60% por su cuenta. ”El PP con su voto en contra ha tumbado las subvenciones, y el PP de Ayuso tiene que asumir las consecuencias”, analizó la diputada María Acín.
El PSOE, por su parte, avanzó que presentará mociones en el mismo sentido en el Parlamento regional y los ayuntamientos de la Comunidad. ”El PSOE de Madrid va a exigir que, mientras se intenta arreglar el desaguisado montado por Feijóo en el Congreso de los Diputados, la señora Ayuso asuma los efectos de la decisión política de su partido contra Madrid”, trasladaron en el partido que lidera el ministro Óscar López.
El impacto en el transporte público de Madrid
Estos son los efectos para Madrid, en materia de transportes, de que el PP y Junts tumbaran el miércoles el decreto del gobierno.
Las ayudas al transporte público las impulsó el Gobierno central en septiembre de 2022. En aquel momento, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, anunció la subvención del 30% del precio, y animó a los gobiernos autonómicos que así lo desearan a complementar esa rebaja financiando otro 20%, para así reducir la factura que pagaba el ciudadano a la mitad.
El objetivo era ayudar a la población en medio de la crisis inflacionaria derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Cuando llegó el momento de decidir si se mantenía este programa o no en 2023, el Ejecutivo central añadió un condicionante: la subvención estatal del 30% solo se mantendría en aquellas regiones y municipios donde los gobiernos complementaran el 20% que antes era optativo.
En consecuencia, Ayuso empleó el último Consejo de Gobierno de 2022 para anunciar que Madrid se sumaría al proyecto, aportando la financiación de su 20% en enero de 2023. Y luego aumentó la apuesta: desde febrero de ese año, su contribución ha llegado hasta el 30%, por lo que el descuento en la región se ha disparado hasta el 60% (con la excepción del bono de 10 de viajes, donde el recorte se ha mantenido en el 50%). Una política cuyo impacto el gobierno regional calculó en 30 millones mensuales, y cuya continuidad queda ahora en entredicho.
El futuro de las ayudas al transporte en Madrid
Un portavoz del gobierno de Madrid explica que “operativamente es imposible cambiar de forma inmediata las tarifas”. “Vamos a estudiar cómo afecta [que no hayan entrado en vigor las medidas recogidas en el decreto ómnibus] y qué pasos seguimos”, añade este interlocutor. “Así que de momento se mantiene”.
Lo que no se sabe es durante cuánto tiempo estará dispuesto el gobierno de Díaz Ayuso a sufragar en solitario una bonificación que siempre ha tensionado su relación con el ejecutivo central.
De hecho, Madrid intentará que el ministerio encuentre una forma de mantener la aportación económica que sufraga su 30%, y a cuya vigencia está vinculado el 30% que hasta ahora pagaba el gobierno regional. Y si el Estado no puede finalmente sufragar su parte, Madrid, previsiblemente, se replanteará la suya. En ese caso, todas las opciones estarán abiertas: desde que el gobierno de Ayuso mantenga su 30% de la bonificación, a que lo rebaje o lo elimine por completo.
Este diario pidió a la consejería de Transportes de Madrid que detallara cuánto dinero aportaba cada parte al acuerdo, sin obtener respuesta.