El gobierno suma a AySA entre las empresas estatales que quiere privatizar
El Gobierno nacional busca poner en venta el paquete accionario de la compañía pública de agua, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), para marzo de 2025. La composición accionaria de AySA está distribuida en un 10% en manos de los trabajadores de la compañía, mientras que el 90% restante es propiedad del Estado.
El Ejecutivo argumenta que, en lo que va del año, el mantenimiento de los servicios de AySA ha implicado una erogación de fondos públicos de alrededor de 70.000 millones de pesos, por lo que desea deshacerse de un porcentaje de esas acciones.
Sin embargo, estas cifras difundidas por el propio Gobierno nacional se contradicen con una publicación en redes sociales realizada por la compañía y replicada por su propio titular, Alejo Maxit. En ella, AySA asegura haber alcanzado el equilibrio operativo y logrado superávit por primera vez en su historia.
En caso de avanzar con la privatización de AySA, el Gobierno nacional tiene dos alternativas: lanzarla a la venta en la Bolsa de Valores o convocar a una licitación pública nacional e internacional.
Cualquiera sea la opción elegida, requerirá el acompañamiento legislativo, ya que así lo establece un artículo sancionado por el Congreso durante el debate de la ley de Bases sobre privatizaciones.
Reacciones
Los delegados de los trabajadores de AySA ya han manifestado su voluntad de preservar su patrimonio accionario, a pesar de los 1314 despidos realizados desde el cambio de gestión.
El Gobierno, por su parte, ve con optimismo sus posibilidades de privatizar AySA, ya que cuenta con el apoyo de ambas cámaras del Congreso.
La privatización de AySA ha generado diversas reacciones. Algunos la apoyan, argumentando que mejorará la eficiencia y la calidad del servicio. Otros se oponen, alegando que conducirá a mayores tarifas y a una posible pérdida de calidad del agua.
El debate sobre la privatización de AySA continuará en los próximos meses, a medida que el Gobierno avanza con sus planes.