El Gobierno argentino planea privatizar el 49% de ARSAT y sacarla a Bolsa en 2025
El Gobierno argentino anunció que iniciará el proceso de privatización del 49% de la estatal ARSAT, empresa dedicada a las telecomunicaciones satelitales. El plan, que busca achicar el gasto público, incluye la posibilidad de que ARSAT salga a la Bolsa en 2025 para captar capitales.
Sociedad mixta
A pesar de que la privatización de ARSAT no estaba contemplada en la ley Bases, el Poder Ejecutivo buscará avanzar en un modelo de sociedad mixta, permitiendo el ingreso de capitales privados pero sin perder la mayoría accionaria, tal y como ocurre con la petrolera YPF.
Expansión y apertura
Según Mariano Greco, presidente de ARSAT, la empresa necesita expandirse y abrirse a nuevos mercados. Por ello, la idea es salir a la Bolsa con un porcentaje de las acciones Clase B, mientras que las Clase A seguirán siendo propiedad del Estado.
Valoración de la empresa
Greco adelantó que el porcentaje de acciones que se pondrán a la venta se determinará en función de la valoración de la empresa. "La idea es salir con el 49% a la venta. No sabemos bien con qué porcentaje, pero sí, la idea es salir. Vamos a poner en juego el porcentaje de acciones que sea más conveniente para la valoración de la empresa", afirmó.
Misión y objetivos de ARSAT
ARSAT fue creada en 2006 con el objetivo de brindar conectividad mayorista y reducir la brecha digital en Argentina. Su misión es "generar condiciones de igualdad en el acceso al servicio de las telecomunicaciones en todo el país, conectando a los argentinos con infraestructura terrestre y satelital".
Contexto del plan de privatización
El plan de privatización de ARSAT se enmarca en un contexto de achicamiento del gasto público. El Gobierno argentino busca reducir el déficit fiscal y mejorar la situación económica del país.
La privatización de ARSAT ha generado diversas reacciones. Algunos sectores apoyan la medida, argumentando que permitirá a la empresa expandirse y mejorar sus servicios. Otros, sin embargo, se oponen a la privatización, alegando que podría perjudicar el acceso a los servicios de telecomunicaciones en el país.