El Gobierno creará una empresa pública de vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el Gobierno creará una empresa pública de vivienda que tendrá como “germen” la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes).

Objetivo de la empresa pública

Esta nueva empresa tendrá como objetivo abordar el problema de la vivienda de manera “integral”, desde el suelo, a la urbanización y la construcción de vivienda hasta su movilización y gestión.

Rodríguez ha indicado que se dispone de “mucho suelo” propiedad de la Administración General del Estado (AGE), como parcelas del Ministerio de Defensa, suelos de Adif y de Sepes, e incluso de la Sareb.

La ministra ha asegurado que los Ministerios económicos del Gobierno llevan un año trabajando en la fórmula jurídica para dar respuesta a esa nueva empresa, que se lanzará de manera “inminente” y no necesita de un acuerdo en Consejo de Ministros para ponerse en marcha.

Viviendas asequibles

Rodríguez también ha especificado que la compañía pública construirá viviendas asequibles, tanto para alquiler como para compra, en colaboración con las constructoras.

Reacciones

El anuncio de la creación de esta empresa pública ha generado reacciones diversas.

Algunas organizaciones del sector de la vivienda han acogido con satisfacción la noticia, mientras que otras han pedido más colaboración público-privada.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) han advertido de que “una gran empresa pública no resolverá los problemas de vivienda”.

Por su parte, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha asegurado que “la noticia es bienvenida”, pero ha recordado que “esto no sirve para bajar hoy el precio de la vivienda”.

Los expertos creen que la nueva empresa pública es compatible con la cesión de derechos de superficie a operadores privados, un sistema que ha sido promovido en los últimos años por el Estado y algunas comunidades autónomas.

Necesidad de más presupuesto

Tanto las empresas públicas como las privadas coinciden en señalar que es necesaria una mayor dotación presupuestaria para abordar el problema de la vivienda.