El Gobierno deja que se noten los efectos del "no" del PP y Junts a la subida de pensiones
El Ejecutivo no prevé un nuevo decreto inmediato y quiere volcar la presión de los pensionistas sobre la oposición, que ha decidido tumbar la revalorización. 12 millones verían una rebaja importante en febrero.
El Gobierno no pensó que la situación llegaría tan lejos. En los cálculos de La Moncloa estaba la idea de que, en el último momento, como ha sucedido casi siempre desde que Pedro Sánchez llegó al poder, alguien no soportaría la presión de ser el responsable de que 12 millones de jubilados vean cómo se rebaja su pensión en febrero o varios millones de usuarios del transporte público vean cómo sube a partir de este mismo viernes. El Ejecutivo lo intentó hasta el final con Junts, según fuentes del Gobierno, aunque los independentistas señalan que en realidad su "no" estaba muy claro desde el lunes y no hubo más negociación. La Moncloa también confió en última instancia en que el PP se abstuviera precisamente por esa presión. Pero una vez que tanto el PP como Junts han decidido asumir ese riesgo para dar un golpe político al Ejecutivo, La Moncloa intentará darle la vuelta a una pésima noticia para sus intereses, porque por primera vez se ve con claridad que el Ejecutivo no tiene mayoría para cuestiones clave, y tratará de que toda la presión que ahora tiene el Gobierno se vuelva contra la oposición, en especial contra el PP, un partido que, como el PSOE, tiene mucho voto entre los pensionistas y no se puede permitir el lujo, como tampoco los socialistas, de tenerlos enfrente.
A partir de ahora se inicia una batalla a cara de perro por el relato en el que tanto el Gobierno como el PP intentarán culpar al otro de la situación. Distintas fuentes del Ejecutivo consultadas coinciden en que Sánchez, que vivió toda la crisis desde Davos, no tiene ninguna intención de convocar ahora un Consejo de Ministros extraordinario para resolver rápidamente la situación o aprobar la próxima semana un nuevo decreto para buscar de nuevo la convalidación en el Congreso. En realidad, para eso todavía hay tiempo, porque de momento la pensión de enero sí se pagará con la subida que había decidido el Gobierno ―2,8% en general, 6% las mínimas y 9% las asistenciales― porque ya no hay tiempo para dar marcha atrás en los pagos y el problema vendría en febrero. Son muchos días, hasta mediados de febrero, para dirigir toda la presión hacia el PP y al final tomar la decisión sobre qué hacer. Para el Ejecutivo obviamente supone un gran desgaste la derrota de este miércoles. Es una pésima noticia, y por eso se movió todo para intentar que no sucediera. Pero ahora que ha ocurrido, la estrategia pasa por aprovechar la situación para recordar a los 12 millones de pensionistas que este Ejecutivo les ha subido todos los años el IPC mientras el de Mariano Rajoy estableció un sistema de corrección, que luego él mismo dejó sin aplicar después de pactarlo con el PNV, que habría supuesto una gran rebaja del poder adquisitivo de las pensiones. De hecho, la controversia de Alberto Núñez Feijóo con la periodista Silvia Intxaurrondo durante la campaña electoral de 2023 sirvió para recordar que, al contrario de lo que decía el líder de los populares, las pensiones no fueron siempre revalorizadas con el IPC con el PP en el Gobierno.
Si no se arregla mediante un nuevo decreto que el Congreso esta vez sí convalidaría, millones de prestaciones contributivas y no contributivas, incluidas las de los funcionarios de clases pasivas, volverían a tener en febrero las mismas cantidades que en diciembre, sin la mejora de la actualización según el IPC de 2024. El rechazo del decreto interrumpe la subida del 2,8% general para todas las prestaciones contributivas de la Seguridad Social (incluidas las de clases pasivas), así como los incrementos del 6% de las pensiones mínimas contributivas y del 9% de las pensiones asistenciales (no contributivas) y del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Ahora está por ver quién soportará más presión en los próximos días, pero al Ejecutivo le interesa que se abra el melón político de las pensiones, porque está convencido de que es un debate que sirve como recordatorio de lo mucho que las ha subido. De hecho, en la campaña electoral, cuando la cuestión se centró en las pensiones, el PP sufrió y el PSOE y Sumar aprovecharon para reivindicar sus medidas. Es un debate en el que el Gobierno se siente cómodo con sus datos. Ahora, otra cosa es llegar hasta el final y dejar que 12 millones de personas cobren menos en febrero que en enero.
Esa es la posición ahora mismo del Ejecutivo, que sostiene que los ciudadanos tienen que ver que los actos de la oposición tienen consecuencias, que el juego parlamentario no es solo algo para perjudicar al Gobierno, sino que tiene efectos reales sobre millones de personas. Pero habrá que ver en las próximas semanas si el Ejecutivo aguanta ese pulso que se abre ahora, porque el PP ya ha presentado una iniciativa en el Congreso para poder decir que si el Gobierno quiere, se puede aprobar la revalorización inmediatamente, como también señala Junts, que pide que traigan otro decreto solo con pensiones, transporte público y ayudas para la dana. En cualquier caso, el mensaje es muy claro. Lo lanzó desde el Congreso Félix Bolaños, el negociador principal de Sánchez, aunque el contacto con el partido de Puigdemont corresponde a Santos Cerdán, que también habló en un sentido similar en los pasillos de las Cortes. “Cuando vea su pensión bajar en febrero, que el pensionista sepa que ha sido el PP en compañía de otros”, dijo sin citarlos. “Y cuando mañana el transporte público suba, que sepan que ha sido el PP en compañía de otros”, remató.
“Cuando vea su pensión bajar en febrero, que el pensionista sepa que ha sido el PP en compañía de otros.” Félix Bolaños, negociador principal de Sánchez
Con el PP parece casi imposible pactar siquiera una medida como esta, pero con Junts los puentes no están rotos, pese a todo. De hecho, después de tumbar este decreto clave, Junts votó con la mayoría en la Diputación Permanente para tumbar cinco comparecencias de ministros que pedía el PP. Ahora se vuelven a abrir las negociaciones con Junts, con la vista puesta en buscar un punto de encuentro y la posibilidad de recuperar esta subida que ahora se ha tumbado. Pero no hay ninguna garantía, porque Junts sigue reclamando que el PSOE no ha cumplido lo que pactó hace un año, sobre todo la transferencia de la inmigración a la Generalitat, y de momento el Gobierno se concentra en volcar toda la responsabilidad sobre el PP para echarle a los pensionistas en contra por un voto negativo que hace una semana casi nadie esperaba.
