El Gobierno de España ha desatado la polémica entre empresarios y sindicatos al incluir en un Real Decreto-Ley medidas que afectan a la negociación colectiva y a la representación empresarial en el Consejo Económico y Social (CES). La reforma, aprobada sin consenso con los agentes sociales, busca dar prioridad a los convenios colectivos autonómicos y abrir la puerta del CES a las organizaciones empresariales de ámbito regional.
¿Qué medidas incluye el Real Decreto-Ley?
El Real Decreto-Ley para reformar la protección por desempleo, aprobado el pasado martes, incluye dos medidas que han generado malestar entre los interlocutores sociales:
¿Cuáles son las críticas de los agentes sociales?
Tanto la patronal CEOE-Cepyme como los principales sindicatos, CC OO y UGT, han criticado duramente estas medidas. Argumentan que han sido aprobadas sin negociación previa y que suponen una ruptura del diálogo social. Además, consideran que la prioridad a los convenios autonómicos puede fragmentar el mercado laboral y romper la unidad de negociación, mientras que la entrada de organizaciones empresariales autonómicas en el CES rompe el equilibrio actual de este órgano consultivo.
¿Qué dice el Gobierno?
El Ministerio de Trabajo ha defendido las medidas incluidas en el Real Decreto-Ley, argumentando que son necesarias para dar más autonomía a las comunidades autónomas y mejorar la representación de las organizaciones empresariales en el CES. El Gobierno también afirma que la negociación colectiva seguirá siendo estatal en la mayoría de los casos y que la prioridad a los convenios autonómicos solo se aplicará en determinadas circunstancias.
¿Qué consecuencias pueden tener estas medidas?
Las medidas incluidas en el Real Decreto-Ley podrían tener varias consecuencias importantes:
El Gobierno deberá buscar un delicado equilibrio entre la necesidad de dar más autonomía a las comunidades autónomas y la importancia de mantener un diálogo social fluido y un mercado laboral unificado. De lo contrario, las medidas incluidas en el Real Decreto-Ley podrían tener consecuencias negativas para las relaciones laborales en España.