El Gobierno destina 867 millones de euros al impulso de la FP en España
El Gobierno ha anunciado hoy que destinará 867,28 millones de euros a las comunidades autónomas para impulsar la Formación Profesional (FP). Esta inversión tiene como objetivo mejorar la oferta formativa para trabajadores desempleados y ocupados, en un esfuerzo por aumentar las oportunidades de empleo y reducir el abandono escolar.
Distribución de los fondos
La mayor parte de la inversión, 696,5 millones de euros, se destinará a oferta formativa para trabajadores desempleados. Otros 145,9 millones se asignarán a formaciones de trabajadores ocupados. Las comunidades autónomas contarán también con 24,8 millones para programas específicos, tanto para trabajadores ocupados como para desempleados.
La distribución de los fondos fue aprobada por las comunidades en la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo. Andalucía será la comunidad más beneficiada, con 137 millones de euros, seguida de Cataluña (128 millones), Madrid (110 millones), la Comunidad Valenciana (96 millones) y Galicia (72 millones).
Crecimiento sostenido de la FP
El número de alumnos de FP ha crecido un 35% desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, con 1.132.364 alumnos en el curso 2023-24. La legislatura pasada se crearon 250.000 nuevas plazas y el objetivo del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes es llegar a las 330.000 en la legislatura actual.
El presupuesto destinado a la FP se ha incrementado en un 865% desde 2019, con una inversión superior a los 6.500 millones de euros. Estos datos demuestran el compromiso del Gobierno con la FP, que ofrece una inserción laboral próxima al 90%.
Reconocimiento de competencias profesionales
Una de las prioridades de la nueva ley de FP es acelerar la acreditación de las competencias profesionales de millones de trabajadores que carecen de títulos que las reconozcan. La población trabajadora que participa en cursos de FP se ha duplicado en los últimos años, pasando del 11,41% al 20%.
El Gobierno también ha acreditado las competencias profesionales de más de un millón de personas, una cifra que espera doblar. Esta medida permite a los trabajadores obtener un reconocimiento oficial de sus habilidades y conocimientos, lo que mejora sus posibilidades de encontrar empleo.
Colaboración entre agentes sociales
El fortalecimiento de la FP es una demanda compartida por los agentes sociales. Las organizaciones empresariales, como CEOE y Cepyme, abogan por esta vía de adquisición de conocimientos para cubrir las necesidades del mercado laboral.
Los sindicatos, como UGT y CC OO, también apoyan la FP como una forma de mejorar las oportunidades de empleo de los trabajadores parados. Reclaman sistemas de actualización para los parados como fórmula para rebatir la denuncia de las patronales sobre el aumento de vacantes en determinados sectores.
