El Gobierno retira la senda de estabilidad por falta de apoyos
Fuentes del Ministerio de Hacienda confirman que la primera consecuencia de esta decisión será que el proyecto de Presupuestos para 2025 no podrá presentarse en el plazo legal (antes del 1 de octubre). Ante la debilidad parlamentaria, cada vez son más los partidarios en el Gobierno de prorrogar las cuentas públicas de 2023 por segundo año consecutivo. Sería la sexta prórroga presupuestaria en la última década.
El Consejo de Ministros, a propuesta de los ministerios de Hacienda y Presidencia, ha acordado retirar los objetivos de estabilidad para ganar tiempo y tratar de reconducir la relación con el partido de Carles Puigdemont. Los siete diputados de Junts juegan un papel crucial en la aritmética del Congreso, como demostraron la semana pasada al tumbar por sorpresa una proposición de ley para limitar los alquileres temporales tras anunciar su abstención.
Junts ya resultó decisivo en el rechazo a la senda de estabilidad votada en el pleno del 23 de julio, y todo apuntaba a que la situación se repetiría, por mucho que el Gobierno lleve semanas presionando al PP para lograr al menos su abstención. El argumento empleado por La Moncloa, sin éxito, es que los presidentes autonómicos y alcaldes populares serían los más perjudicados por el rechazo a la actualización de la senda de estabilidad, ya que supondría dejar de invertir casi 12.000 millones de euros en servicios públicos en 2025 y 2026.
Fuentes del Ejecutivo explican que el lunes comenzaron a explorar la posibilidad de aplazar la votación tras constatar la falta de apoyos en el hemiciclo. «Si el PP vota en contra de la senda de déficit, es probable que el Gobierno pierda la votación», reconoció ese día la portavoz del PSOE, Esther Peña, culpando así a Alberto Núñez Feijóo de la previsible derrota parlamentaria.
El Gobierno defiende que ha presentado una senda avalada por las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y que flexibiliza los objetivos de déficit para las autonomías y los ayuntamientos en 2025 y 2026, lo que les daría mayor capacidad de gasto. Este mayor margen lo asumiría la Administración central, que sería la que haría el mayor esfuerzo de reducción del déficit. Un argumento que, por ahora, no ha servido para amarrar los apoyos suficientes.
Truncar de nuevo la senda de estabilidad implicaría quitar dos décimas de margen fiscal a las comunidades autónomas en los próximos dos años, sostiene el Gobierno. Los ayuntamientos perderían una décima de margen en 2025 y dos décimas en 2026.
Hacienda subraya, además, que las reglas fiscales comunitarias volverán a entrar en vigor tras la pandemia y la crisis inflacionaria por la guerra de Ucrania. Y que, si la senda de estabilidad propuesta no sale adelante, el Gobierno dispondrá de más margen para cumplir con los requisitos de la UE, en detrimento de las comunidades y ayuntamientos.
Pese a las cifras del Ejecutivo, el PP sigue enrocado en el no. Lo mismo que Junts. La reunión que Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, y Puigdemont mantuvieron con sus equipos respectivos el viernes pasado en Suiza (donde el líder del partido independentista permanece huido de la justicia) no ha reconducido por el momento la relación con un socio que fue fundamental para la investidura de Pedro Sánchez y del que depende el Gobierno para aprobar su acción legislativa.