El Govern ocultó al Parlament el posible coste de la indemnización por no hacer el casino Hard Rock

El Ejecutivo dice que se limitó a enviar a la CUP y al PP el informe jurídico de la Generalitat, pero sin incluir el anexo que fija la suma entre 37 y 50 millones de euros

El actual Gobierno catalán ocultó a los grupos parlamentarios de la CUP y del PP parte del informe del Gabinete jurídico de la Generalitat que estudia el futuro legal del megacasino del Hard Rock (Tarragona). El Ejecutivo envió a los dos grupos el informe jurídico elaborado en el mandato del presidente Pere Aragonès pero sin incluir el anexo que, entre otra documentación, incluye una estimación de la indemnización por no sacar adelante el Plan Director Urbanístico (PDU), que puede ascender a entre 37,5 a 50 millones de euros.

El informe, de noviembre de 2023, señala los peores escenarios en los que el Govern debería asumir una eventual indemnización si el proyecto se desbarata. La consejera portavoz Sílvia Paneque ha alegado este martes que no han “escondido nada” y que se limitaron a responder a las peticiones de los grupos.

El Govern de Illa negaba, hasta hace pocas semanas, la existencia del documento. El caso ha aflorado esta mañana en el Parlament cuando los diputados de la CUP, acompañados de miembros de la plataforma Aturem Hard Rock, han sostenido que, según la documentación que le había remitido el Govern a través de una pregunta parlamentaria, se podía parar el proyecto del megacasino “sin consecuencias económicas”. La CUP ha acusado al PSC de mentir al sostener que no hacía falta pagar 50 millones de euros.

La cifra hacía referencia a una información publicada por EL PAÍS, el 7 de enero, sobre el informe jurídico que planteaba diversas hipótesis fijando el posible coste de parar el proyecto en esa cantidad. La anterior responsable de Economía, Natalia Mas, ya había compartido el año pasado con otros grupos parlamentarios esta cifra a la hora de negociar los Presupuestos autonómicos que finalmente no vieron la luz.

El documento asegura que si se aprueba el PDU, en unos términos que permitieran la implantación del casino, y el Govern revocara la autorización para la implementación del proyecto, sería “viable la reclamación por daños emergentes” de los gastos que se hayan producido una vez se de la autorización, de acuerdo con el punto ocho de las conclusiones del documento que el Govern envió a la CUP.

Según el anexo, la cuantificación aquí podría llegar a los 21,4 millones de euros, contando los gastos financieros. Seguidamente, descarta la posibilidad de que haya una reclamación por lucro cesante ya que “no se habría creado ninguna expectativa cuantificable”.

Tanto la CUP como el PP habían solicitado la documentación referente al informe jurídico sobre la eventual responsabilidad patrimonial de la Generalitat ante un posible retirada del proyecto del Hard Rock. Los dos grupos han certificado que solo recibieron las 37 primeras páginas de un documento que cuenta con un total de 97. La CUP y los comunes han acusado a ERC de ocultar en su día el informe. Ambas formaciones además han pedido que comparezca el exdirector del Incasòl y ahora concejal de Junts en Barcelona, Damià Calvet, porque el informe considera “anómalo” que esa entidad mediara entre el promotor y Criteria Caixa (brazo inversor de La Caixa) en la venta de los terrenos.

Paneque ha insistido en que no han ocultado nada a los grupos, que no les concernían informes encargados por otro govern y que han actuado con “transparencia”.

La consejera ha reiterado que el Govern se está limitando a cumplir dos cometidos: el de derogar por ley el traje fiscal a medida del complejo e igualarlo con el de los otros casinos y el de tramitar el PDU.

La modificación fiscal fue una exigencia de ERC y los comunes, socios de investidura de Illa, que se ve obligado a hacer constantes equilibrios en este capítulo. Los socialistas fueron firmes defensores del complejo recreativo cuando estaban en la oposición hasta el punto de condicionar dos presupuestos a que el plan siguiera adelante. Pero ahora su posición es ambigua y está en el limbo: insisten en que están cumpliendo los objetivos y se remiten a la decisión final del promotor.

Desde las filas republicanas, la portavoz parlamentaria Ester Capella ha sacado pecho de la aprobación, hace una semana, de una ley que revirtió el tratamiento fiscal más beneficioso que en su día se aprobó en la Cámara para poder encajar el proyecto.