España: El sistema de organización territorial, ineficaz e ineficiente
El modelo de organización territorial del Estado español, vigente desde la aprobación de la Constitución hace medio siglo, ha resultado ineficaz e ineficiente. Lejos de fortalecer el binomio unidad-diversidad, no ha impulsado avances significativos en la convergencia real entre las comunidades más y menos desarrolladas, y ha contribuido al aumento del gasto, los impuestos y la propensión al déficit-deuda de las Administraciones Públicas.
Un diseño y ejecución deficientes
Estas deficiencias no son consecuencia inevitable de la descentralización del Estado, sino de su deficiente diseño y ejecución. Los federales competitivos, como Suiza y Estados Unidos, son mucho más pequeños que los centralizados porque el federalismo se concibió como un instrumento de división del poder y control de su tendencia expansiva, tal como señaló Hayek en "Los Fundamentos de la Libertad".
En este sentido, la reforma del vigente Estado Autonómico es fundamental para establecer un orden político estable, un marco de racionalidad presupuestaria, fiscal y regulatoria que impulse el crecimiento económico y proteja la libertad individual. Implica revisar y romper con el sistema neofeudal actual, al servicio de intereses cortoplacistas y clientelares, como demuestra el reciente acuerdo entre el Gobierno y ERC.
La competencia fiscal como clave
La transformación del esquema actual de organización territorial es compleja y requiere contemplar numerosas variables. Sin embargo, como señala Buchanan en "The Power to Tax", la introducción de la competencia fiscal es esencial.
Cuando los individuos pueden trasladarse libremente entre jurisdicciones, eligen su residencia en función de su acceso a bienes y servicios públicos y los impuestos que pagan para financiarlos. Al "votar con los pies", manifiestan sus preferencias y presionan a las autoridades para que satisfagan sus necesidades de manera eficiente.
Además, la posibilidad de que individuos, empresas o capital abandonen una jurisdicción limita la capacidad de los gobiernos y las burocracias para explotar a los ciudadanos, liberándolos de una potencial situación de cautiverio.
El papel del Estado en un federalismo competitivo
En un sistema de federalismo competitivo, el papel del Estado es garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un paquete de servicios básicos financiados con los tributos estatales. Ampliar este paquete requiere aumentar los impuestos o recortar otros gastos, lo que implica dotar a las autonomías de la capacidad tributaria necesaria.
Asimismo, el Estado debe asegurar la libre circulación e instalación de bienes, servicios, capitales y personas dentro de las fronteras estatales para preservar la unidad del mercado.
Fortalecer las instituciones
El aumento de la potestad tributaria de las autonomías debe ir acompañado de medidas para fortalecer las instituciones que permiten al federalismo competitivo desplegar sus beneficios. Los gobiernos regionales deben cerrar sus presupuestos anuales en equilibrio, salvo en situaciones excepcionales. Paralelamente, debe retirarse al Gobierno central la facultad de "salvarlas" de la bancarrota en caso de irresponsabilidad financiera, como ocurre en sistemas exitosos como Estados Unidos y Suiza.
Un federalismo no uniformista
Por último, el federalismo competitivo no es uniformista. No obliga a todos los estados de la federación a tener los mismos impuestos, gasto público o competencias. Permite una asimetría voluntaria o "a la carta" dentro de un marco institucional que asegura un equilibrio razonable entre unidad y diversidad. Este es el modelo adecuado para España, en contraste con el sistema actual, que dista mucho de ser racional.