El 'think tank' de la CEOE plantea bajar el IVA de productos sanitarios para equipararse a Europa

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha instado al Gobierno español a reducir el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicado a los productos sanitarios, ya que España se sitúa entre los países de la Unión Europea con una de las cargas fiscales más elevadas en este sector.

Beneficios para el sistema sanitario y la economía

Según el IEE, una reducción del impuesto del 21% al 4% en productos sanitarios esenciales podría generar un ahorro de hasta 1.330 millones de euros anuales para el sistema de salud pública, lo que aliviaría los presupuestos públicos y permitiría reinvertir esos recursos en infraestructuras, equipos y personal sanitario.

Además, esta rebaja tendría un impacto directo sobre el sistema sanitario público, al facilitar la adquisición de tecnología médica avanzada tanto en el sector público como privado. Esto permitiría a los hospitales y centros de salud aumentar su capacidad operativa, modernizar sus equipos y mejorar la eficiencia en el diagnóstico y tratamiento de pacientes, reduciendo los tiempos de espera y ofreciendo una atención de mayor calidad.

Beneficios para los hogares españoles

La rebaja del IVA también beneficiaría a los hogares españoles, especialmente a los de menores ingresos, que tendrían un mayor acceso a productos médicos esenciales a un coste más bajo. Se estima que esta medida aumentaría la renta disponible de las familias en aproximadamente 530 millones de euros anuales.

Impulso al sector sanitario privado

Según el IEE, la reducción del IVA podría favorecer el desarrollo del sector sanitario privado, que se vería en mejores condiciones para invertir en equipos más avanzados y atraer a más pacientes, aliviando así la presión sobre el sistema público.

Contexto normativo

España tuvo durante muchos años un IVA reducido sobre todos estos productos, pero la Justicia europea obligó a Hacienda a aumentar los tipos en 2013. Sin embargo, la nueva normativa comunitaria permite a los Estados miembros aplicar tipos reducidos e incluso superreducidos, por lo que el IEE considera urgente que España se adapte a estas posibilidades.

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