Nuevo registro de viajeros: Seguridad y polémica
El Ministerio del Interior pone en marcha un nuevo registro de viajeros que obliga a agencias de viajes, hoteles y empresas de alquiler de vehículos a compartir datos de sus clientes
El nuevo registro de viajeros, que entró en vigor el pasado lunes 2 de diciembre, ha generado polémica en el sector turístico, que considera que añade carga burocrática y puede encarecer los precios de los viajes.
Datos recabados
Las empresas deberán transmitir a la aplicación ses.hospedajes los siguientes datos, que ya recaban de forma habitual:
- Datos de la empresa
- Datos del establecimiento
- Datos de los viajeros (nombre, DNI, nacionalidad, etc.)
- Datos de la transacción (contrato, fechas de entrada y salida, etc.)
Objetivo de la medida
Según el Ministerio del Interior, el objetivo de esta medida es disponer de información "precisa e indispensable" para las fuerzas y cuerpos de seguridad, ya que la normativa anterior estaba obsoleta y no recogía las nuevas modalidades de negocio, como las viviendas turísticas o las plataformas digitales.
El Ministerio destaca que la normativa actual es "obsoleta" e "inservible" debido a que, por ejemplo, la norma del registro en hospedaje tiene 65 años de antigüedad y no incluye las nuevas modalidades de alojamiento, como las viviendas turísticas.
En este sentido, el registro ha permitido localizar a 18.584 personas que figuraban en bases de datos de señalamientos nacionales o internacionales, lo que demuestra su utilidad para mejorar la seguridad ciudadana.
Críticas del sector
El sector turístico critica que el nuevo registro añade carga burocrática y puede encarecer los precios de los viajes. Además, consideran que la normativa no tiene en cuenta las especificidades de las diferentes modalidades de alojamiento.
El Ministerio del Interior asegura que el nuevo registro no tiene por qué traducirse en un aumento de costes para las empresas, ya que "los datos recabados son los mismos que hasta ahora".
Sanciones
El incumplimiento de la normativa puede acarrear sanciones leves y graves. Las infracciones leves, como irregularidades en la cumplimentación de los registros, serán multadas con entre 100 y 600 euros. Las infracciones graves, como la carencia de los registros documentales, serán multadas con entre 601 y 30.000 euros.