El plan de pensiones de la construcción se ha convertido en una realidad. Los sindicatos y la patronal llegaron a un acuerdo el año pasado para crear un mecanismo que permitiera a las empresas realizar aportaciones para que sus empleados acumularan un ahorro complementario a su pensión pública de jubilación. Hasta el 25 de agosto, 524.000 trabajadores de 57.228 empresas se han sumado a este plan, que cuenta con un patrimonio total de 108 millones de euros.
El objetivo: alcanzar el millón de participantes y los 3.000 millones de euros
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC), principal patronal del sector, prevé que el plan alcance el millón de participantes a corto plazo y los 3.000 millones de euros en 2033. Para David Casado, de 41 años y empleado del departamento de pocería y alcantarillado de Aqualia (filial de FCC), esta medida supone un pequeño respiro: "No es mucho dinero, pero al menos me dará para pegarme un viaje y celebrar mi jubilación, cuando llegue".
Una parte del aumento salarial, destinada al plan de pensiones
La CNC y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT acordaron en la negociación colectiva de 2023 que, además de una subida salarial, una parte de este incremento retributivo de los trabajadores se destinaría a un plan de pensiones privado, gestionado por VidaCaixa (la filial de seguros y pensiones de CaixaBank). En concreto, se aportaría un 1% del sueldo de 2022 (con carácter retroactivo), un 1% en 2023 y un 1,25% en 2024.
Críticas y reticencias
Desde febrero, cientos de miles de trabajadores de la construcción han empezado a recibir aportaciones a su nombre. Las primeras, de mayor cuantía, incluyen el dinero acumulado de años anteriores. "Tuvimos una reunión informativa, donde nos explicaron de qué iba esto. Luego nos enviaron una carta con nuestras claves en VidaCaixa, para que podamos consultar el dinero que vamos acumulando", explica Casado.
La implantación de esta modalidad de ahorro para la jubilación en un sector como el de la construcción era una de las propuestas estrella de la reforma del sistema de pensiones privadas impulsada por el ex ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. El Gobierno pretendía desincentivar los planes de pensiones individuales —por sus elevadas comisiones y baja rentabilidad— y promover los planes de pensiones colectivos, que hasta entonces solo estaban disponibles para empleados de grandes empresas y, durante un tiempo, para los funcionarios de la Administración General del Estado (entre 2004 y 2011).
Dudas y reflexiones
El objetivo era que estos planes privados colectivos llegaran a autónomos y pequeñas empresas que nunca antes habían considerado este tipo de producto financiero. Tras el éxito en el sector de la construcción, los convenios de química, metal, grandes almacenes, agencias de viajes y corredurías de seguros han contemplado, con mayor o menor entusiasmo, este formato de ahorro para la jubilación. Sin embargo, "o las cosas cambian mucho o no parece que vayan a materializarse nuevos planes en estos sectores a corto plazo", apuntan fuentes sindicales.
