El Reino Unido embarga bienes de España por recortes en las renovables
La justicia británica ha acordado una medida cautelar contra el derecho de usufructo de la compañía pública Aena sobre el aeropuerto de Luton, en Londres, a petición del gigante energético NextEra Energy, como forma de afianzar el pago de uno de los 26 laudos pendientes de pago por el recorte de las primas de las energías renovables en España.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, reconoció una indemnización de 290 millones de euros a NextEra Energy para compensar las pérdidas de rentabilidad de su inversión en dos plantas termosolares en Extremadura como consecuencia de la reforma eléctrica del Gobierno de Mariano Rajoy en 2013.
Embargos en el extranjero
Debido a que España no ha afrontado ninguno de los laudos que reconocen el derecho de indemnización de los inversores que demandaron al Estado por el recorte de las primas de las renovables, algunos de los afectados y fondos de inversión oportunistas han solicitado embargos de bienes y activos españoles en el extranjero en los distintos procesos de reconocimiento y ejecución de laudos abiertos en jurisdicciones como Reino Unido, Bélgica, Australia y Estados Unidos.
El embargo sobre la participación de Aena en Luton se suma a los ya dictados por los tribunales de Reino Unido y Bélgica. En julio, el fondo estadounidense Blasket Renewable Investments consiguió que la Corte de Apelación de Bruselas estimara su petición de embargar las transferencias que la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol) realiza a la empresa pública Enaire por la recaudación de tasas de ruta y terminales, con el fin de afianzar la indemnización de 32 millones de euros reconocida por el Ciadi a InfraRed Environmental Infrastructure, cuyos derechos en este litigio pertenecen a Blasket.
Unos días después, dicho tribunal elevó el embargo de 32 millones a 80 millones de euros. Este mismo fondo también activó, en abril de 2023, la cláusula default en cuatro emisiones de deuda pública que declara a España en impago técnico.
Asimismo, consiguió que el Tribunal Superior de Londres acordara el bloqueo provisional de 805.808 euros depositados en cuatro cuentas ligadas al Instituto Cervantes, así como el embargo de la propia sede de la institución, situada en el centro de la capital británica, y la sede de la Agencia para la Competitividad de la Empresa de la Generalitat de Cataluña.
Embargo del Instituto Español Vicente Cañada Blanch
En el marco del caso Antin, donde se reconoció una indemnización de 120 millones de euros, la justicia británica ordenó embargar de manera cautelar el Instituto Español Vicente Cañada Blanch, un inmueble histórico propiedad del Estado español en Londres.
Otros embargos
Además, se acordó el bloqueo de parte de los 850 millones de euros que España tiene pendiente de recibir por el hundimiento del Prestige frente a las costas gallegas, si bien esta cantidad está en el aire después de que el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales vetara al Estado el cobro de la indemnización.
Fuera del continente europeo, los fondos acreedores han abierto la vía de otros posibles embargos, como en Australia, después de que su Tribunal Supremo desestimara el recurso de la Abogacía del Estado contra el laudo que obliga a pagar 101 millones de euros a Infrastructure Services Luxembourg y Energía Termsolar.
Los inversores han puesto el interés en la actividad de la filial australiana de Navantia. A ello se suma RWE, que el pasado mes de abril consiguió el respaldo de la justicia alemana para poder iniciar en Estados Unidos un procedimiento de ejecución del laudo que le otorga una compensación de 28 millones de euros por el recorte de las primas de las renovables.