El Senado avanza en la reforma del sector energético
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Energía del Senado mexicano aprobaron, con el voto en contra de la oposición, la minuta en materia de áreas y empresas estratégicas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
La minuta, enviada por la Cámara de Diputados, reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para establecer que el Estado quedará a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía disponibles para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
"Respuesta del pueblo a los saqueadores"
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, afirmó que esta reforma es "la respuesta del pueblo de México a los saqueadores" y que reivindicará los recursos naturales energéticos para beneficio del propio pueblo.
Según Cantón Zetina, la reforma de 2013, impulsada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, "estableció un sistema cuyo único objetivo era apropiarse de los recursos e infraestructuras públicas para convertirlos en fuentes de riqueza de capitales privados".
Oposición advierte de fricciones con el T-MEC
Durante la discusión en comisiones, la oposición advirtió que esta reforma podría provocar fricciones de cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que se llevará a cabo el próximo año, ya que violenta diversos acuerdos.
El senador Miguel Riquelme (PRI) alertó que la reforma "ahuyentará muchas inversiones en el sector energético porque no define un análisis claro de afectación del T-MEC".
Por su parte, el senador Luis Donaldo Colosio (MC) señaló que la reforma "pone a México en conflicto directo con el clausulado del T-MEC y nuestra obligación a no restringir nuevamente sectores que antes se habían aperturado a la inversión internacional".
El Senado defiende la reforma
A pesar de las advertencias de la oposición, el Senado defendió la reforma, argumentando que no tiene consecuencias derivadas de la reforma energética de 2013, sino de una privatización más amplia de empresas paraestatales que "hizo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres".
La reforma deberá ser aprobada por el pleno del Senado y posteriormente por la Cámara de Diputados para entrar en vigor.