El sistema de indemnizaciones por despido en España, cuestionado en Europa

El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha determinado que la indemnización por despido improcedente en España, que actualmente establece un máximo de 33 días por año trabajado y un límite de 24 mensualidades, no cumple con la Carta Social Europea. Esta decisión se produce tras una reclamación presentada por el sindicato UGT en 2022, que considera que las indemnizaciones por despido improcedente no siempre resarcen adecuadamente el daño causado al trabajador, especialmente en los casos de relaciones laborales cortas. Incumplimiento de la Carta Social Europea El CEDS, un organismo encargado de interpretar y supervisar el cumplimiento de la Carta Social Europea, ha señalado que el sistema de indemnizaciones por despido improcedente en España no garantiza una "indemnización adecuada o una reparación apropiada" para los trabajadores despedidos sin causa justificada. El organismo destaca que el límite máximo de 33 días por año trabajado no permite considerar las circunstancias específicas de cada caso y puede resultar insuficiente para reparar el perjuicio sufrido por el trabajador. Reacciones y consecuencias Esta decisión del CEDS supone un revés para el Gobierno español, que se había comprometido en su programa de gobierno a cumplir con la Carta Social Europea. El Ministerio de Trabajo, que había defendido el sistema de indemnización actual, ha preferido no pronunciarse sobre la resolución del CEDS al no ser aún pública. Sin embargo, ha remitido al acuerdo de coalición y a las declaraciones recientes de la vicepresidenta, Yolanda Díaz, quien ha subrayado la necesidad de que la indemnización "repare adecuadamente los daños causados cuando alguien es despedido injustificadamente". Hacia una reforma del sistema La decisión del CEDS abre el camino a una posible reforma del sistema de indemnizaciones por despido improcedente en España. Los expertos coinciden en que el sistema actual protege en exceso a los trabajadores con mucha antigüedad y muy poco a los que acaban de empezar. Algunas de las propuestas que se barajan son establecer una indemnización mínima, aumentar el límite máximo de días por año trabajado o establecer una reparación en función de las circunstancias del trabajador. El sindicato UGT ha defendido la instauración de una indemnización mínima de seis meses de salario por despido improcedente. La Asociación Nacional de Laboralistas en España (ASNALA) también ha abogado por establecer una indemnización mínima, asegurando que las indemnizaciones por antigüedades largas son "elevadas" pero que "el tema está en el parámetro mínimo, ya que algunas personas reciben cantidades exiguas".