Los ERTE se abren paso despacio en las zonas afectadas por las inundaciones de Valencia

Los mecanismos de apoyo laboral para paliar los daños causados por las inundaciones en las empresas de varias regiones de España, y especialmente en los numerosos municipios de la provincia de Valencia, han empezado a ponerse en marcha con lentitud.

Dificultades y ayudas

Ante las evidentes dificultades, ya que las labores de limpieza siguen siendo prioritarias y el esperado escudo laboral del Gobierno aún no se ha desplegado por completo -el Consejo de Ministros lo aprobará previsiblemente la próxima semana-, las empresas afectadas pueden solicitar actualmente un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP).

Según datos de la Generalitat Valenciana, hasta la fecha se han registrado 159 expedientes que afectan a 2.318 trabajadores. Esta cifra es todavía baja, ya que el Ministerio de Seguridad Social estima que podrían acogerse hasta 400.000 empleados, un dato que genera cierta controversia entre los sindicatos.

De los 159 expedientes registrados, dos son de extinción y 157 de regulación temporal, y afectan a 2.285 empleados por suspensión o reducción de jornada y a 33 por despidos colectivos. Por sectores económicos, el de servicios concentra hasta ahora el mayor número de expedientes registrados (135, con 1.075 trabajadores afectados), seguido de industria (19, 1.221 empleados) y construcción (5, con 22).

Distribución geográfica y sectores afectados

En cuanto a la distribución geográfica de las empresas que han solicitado los ERTE, Almussafes registra el 20% de los afectados (464), Quart de Poblet el 15,3% (355), Riba-roja de Túria el 14,1% (327), Valencia ciudad el 11,9% (275), Beniparrell el 9,2% (214), Sedaví el 4,4% (102), Benifaió el 3,8% (89), Massanassa el 3,8% (88), Aldaia el 3,8% (87), Torrent el 3,3% (76), Alfafar el 2,5% (57), Catarroja el 1,4% (32), Paiporta el 1,3% (29), Alzira el 1,2% (28), Albal el 1,1% (25), Algemesí el 0,9% (20) y Benetússer el 0,7% (16). Por debajo de ese porcentaje están Chiva (0,6%, 13 afectados), Picanya (0,3%, 8), Requena (0,2%, 4), Alaquàs (0,1%, 3), Llombai (0,1%, 2), y Alginet, Burjassot, Bétera y Utiel tienen un afectado cada una.

Por sectores de actividad, los más afectados son la industria manufacturera (1.221 trabajadores), el comercio al por mayor y por menor de reparación de vehículos de motor (260), las actividades administrativas y servicios auxiliares (229), la hostelería (160), el transporte y almacenamiento (160) y las actividades sanitarias y de servicios sociales (113).

Trámites y medidas adicionales

La solicitud de los ERTE -que permiten suspender temporalmente contratos o reducir la jornada laboral en situaciones extraordinarias- ha comenzado con la esperada lentitud, ya que por el momento los esfuerzos en las zonas afectadas se centran en la recuperación de viviendas y locales, así como en la localización de los desaparecidos.

Además, el Ministerio de Trabajo recuerda que estos ERTE se aplicarán con carácter retroactivo desde el 29 de octubre, fecha en la que se produjeron las inundaciones. Por lo tanto, independientemente de cuándo los soliciten las empresas -que deberán hacerlo ante la autoridad laboral de la Comunidad Valenciana-, sus empleados estarán cubiertos desde la fecha en la que se produjeron las inundaciones.

Algunas empresas, como la automovilística Ford, ya han anunciado su intención de presentar a la administración un ERTE para su fábrica de Almussafes (Valencia).

El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, adelantó el pasado martes que el Gobierno estima que cientos de miles de trabajadores podrían beneficiarse de las distintas coberturas incluidas en el paquete de ayudas. Su departamento especificó este miércoles que los trabajadores potencialmente afectados por los ERTE de fuerza mayor "son más de 350.000", mientras que "los autónomos de la zona ascienden a 68.000", por lo que el número de trabajadores beneficiarios de las medidas recogidas en el BOE -prestación extraordinaria mejorada de cese de actividad y exoneración del 100% de la cuota para autónomos en cese y empresas en ERTE por fuerza mayor por las inundaciones- "protegerán potencialmente a más de 400.000 trabajadores".

Sin embargo, los sindicatos, que entienden el lento inicio de las peticiones debido a la imposibilidad de muchas empresas de tramitarlas en estos momentos, recelan de estas cifras. "Representa a un tercio de la población trabajadora de la provincia de Valencia. Es una cifra exagerada, y tengo la sensación de que el ministerio la ha dado para cubrirse en salud", indica Ismael Sáez, secretario general de UGT en la Comunidad Valenciana.

En su reunión del lunes con las centrales sindicales, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, les señaló que, además de los ERTE -que ya están regulados en el Estatuto de los Trabajadores-, las medidas del escudo laboral incluirían permisos retribuidos por ausencia del puesto de trabajo.

"No tiene sentido que un trabajador sea penalizado por no acudir al lugar de trabajo por razones obvias", añade Sáez, que asegura que Díaz les adelantó que estos permisos serían remunerados -aunque aún está por ver por quién- y tendrían carácter no recuperable. "Tenemos la obligación de proteger a todos los trabajadores afectados", recalcó Díaz este jueves durante unas jornadas organizadas por CC OO.

Daniel Patiño, secretario de Acción Sindical de CC OO en la Comunidad Valenciana, no considera exagerada la cifra propuesta por la Seguridad Social, y advierte de que a partir del próximo lunes el número de expedientes solicitados se multiplicará. "Va a llegar una avalancha, porque hay muchos negocios afectados, algunos de los cuales no entran en las casuísticas a las que se dirigen muchas de estas medidas", señala.

El Ministerio que dirige Elma Saiz también recordó que las ayudas afectarán a otros colectivos. Cerca de 100.000 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y de pensiones no contributivas de la zona "recibirán un complemento del 15% en el importe de la prestación". En este sentido, los sindicatos solicitaron a Saiz que estas ayudas no se limitaran a las empresas ubicadas en los 33 municipios afectados, sino también a las que, aunque estuvieran ubicadas en otros lugares, tuvieran un número significativo de trabajadores residiendo en las zonas afectadas, algo a lo que la ministra se comprometió.

Otra petición de los sindicatos es que los trámites para solicitar las ayudas sean sencillos. "Estoy harto de ir a lugares donde ha habido una tragedia después de un año, después de dos, y la gente se queja de que las medidas prometidas no han llegado, esto no puede pasar y yo quiero pedir a las autoridades que tomen las medidas necesarias para que las ayudas lleguen", ha reclamado Pepe Álvarez, secretario general de UGT.