El Consejo de Europa presiona a España para reformar la indemnización por despido improcedente

El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha instado a España a modificar su normativa sobre indemnización por despido improcedente, alegando que incumple la Carta Social Europea. El organismo pide al Gobierno español que revise y modifique la legislación pertinente para garantizar que la compensación otorgada tenga en cuenta el daño real sufrido por las víctimas y las circunstancias individuales de cada caso.

Antecedentes

Esta recomendación se produce tras una reclamación presentada por el sindicato UGT ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), dependiente del Consejo de Europa. El CEDS concluyó que el sistema español de indemnización, que establece un máximo de 33 días de salario por año trabajado, no siempre resarce adecuadamente el daño causado por el despido improcedente.

Posición del Gobierno español

El Ministerio de Trabajo se ha mostrado partidario de modificar la normativa, mientras que la parte socialista del Gobierno, en particular los ministerios de Economía y Justicia, defienden que la indemnización actual cumple con la Carta Social Europea.

El Gobierno español tiene hasta el próximo informe de seguimiento para indicar las acciones tomadas para cumplir con esta recomendación.

Implicaciones para los trabajadores

La reforma de la indemnización por despido improcedente podría tener implicaciones significativas para los trabajadores españoles. El sistema actual favorece a los trabajadores con mayor antigüedad, mientras que ofrece menos protección a los trabajadores más jóvenes o con menos experiencia.

Los sindicatos apoyan la reforma, argumentando que proporcionaría una compensación más justa para todos los trabajadores. Sin embargo, los empresarios se oponen a cualquier cambio, alegando que aumentaría los costes laborales.

Contexto internacional

España no es el único país europeo que se enfrenta a presiones para reformar su sistema de indemnización por despido. Francia, Italia y Finlandia también han sido instados a modificar sus normativas para cumplir con la Carta Social Europea.