España cumplirá por los pelos con el límite de déficit
España está a punto de cumplir con el límite de déficit público establecido por las nuevas reglas fiscales, que entrarán en vigor en 2024 tras varios años de suspensión. Así lo prevén, al menos por ahora, la Airef y Funcas, que hacen suyas las proyecciones del Gobierno central en cuanto al agujero fiscal. El Ejecutivo estima una desviación para este ejercicio del 3% del PIB (siete décimas mejor que en 2023 y el techo fijado por Bruselas) y los dos organismos la corroboran.
Sin embargo, existen ciertos riesgos e incertidumbres, principalmente debido a varias sentencias importantes contrarias a los intereses del Estado que podrían repercutir en las arcas públicas e incrementar los gastos no recurrentes.
Las sentencias judiciales y su impacto
Las dos sentencias más significativas son: el fallo del Tribunal Constitucional que anuló en enero la reforma del impuesto de sociedades realizada en 2016 por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la resolución que ordenó la devolución del IRPF pagado de más a los jubilados de las mutualidades. Los expertos calculan que estas sentencias supondrán un coste conjunto de varios miles de millones de euros para el Estado.
Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), explicó en una jornada organizada por Funcas que la retirada progresiva de las medidas anticrisis -implantadas en los últimos años para contrarrestar los efectos de la inflación y la crisis energética- supondrá una reducción del déficit de unas siete décimas del PIB.
Por otro lado, la evolución subyacente del resto de gastos e ingresos reduciría el desvío presupuestario en más de una décima, que sin embargo se verá anulada por el aumento de los gastos no recurrentes vinculados a las sentencias judiciales mencionadas, principalmente la relacionada con el impuesto de sociedades.
Incertidumbre en torno al impuesto de sociedades
El fallo judicial que afecta al impuesto de sociedades conlleva un elevado grado de incertidumbre, con un impacto en las devoluciones estimado en varios miles de millones de euros, que podría oscilar entre un nivel asumible para Hacienda y un volumen que podría poner en peligro los objetivos fiscales.
Varios expertos hablan de una cifra de reembolsos cercana a los 4.000 millones de euros, mientras que otros la elevan hasta los 10.000 millones. En cualquier caso, se trata de un agujero importante para los objetivos fiscales.
Compensación parcial por ingresos extraordinarios
La nota positiva para Hacienda es que, según destaca la Airef en un informe publicado en abril, las devoluciones extraordinarias previstas por el fallo del Tribunal Constitucional "se compensarán parcialmente con ingresos extraordinarios procedentes de otra sentencia por fraude, resultando en su conjunto inferiores a las devoluciones por sentencias y créditos fiscales exigibles pagadas en el año previo".
La Autoridad Fiscal no ofrece datos de la sentencia en cuestión, pero fuentes tributarias señalan a la filial en España de la cementera Cemex, que tendrá que abonar al Estado 455 millones de euros por una sanción.
El reto de las transferencias no recurrentes
Los ingresos derivados de la sanción a Cemex, sin embargo, no serán suficientes para corregir el desvío asociado a las transferencias no recurrentes. De hecho, la Airef prevé un aumento del gasto "en otras transferencias de capital" por el impacto derivado del fallo de sentencias desfavorables a los intereses del Estado.
En 2023, el impacto de este tipo de gastos fue menor que en años anteriores, de modo que las transferencias de capital redujeron su peso en el PIB en tres décimas principalmente por este motivo. No obstante, "para 2024 ya han recaído varias sentencias que supondrán un incremento del gasto por transferencias de capital de al menos dos décimas del PIB".
Reforma del impuesto de sociedades
En enero, al anular la reforma de Montoro en materia de sociedades, el Tribunal Constitucional limitó las devoluciones a las empresas afectadas que tuvieran abierto un proceso contra la Agencia Tributaria y, al mismo tiempo, anuló unas modificaciones que reducirían la recaudación actual del impuesto.
El argumento del tribunal de garantías para vetar la modificación del impuesto se basa en el instrumento utilizado para impulsar la reforma: el real decreto-ley. Para el Constitucional, la reforma debería haberse realizado mediante trámite parlamentario.
Por todo ello, el PSOE ha registrado una enmienda que ahora prevé aprobar en las Cortes para afianzar los preceptos anulados y así consolidar los ingresos del impuesto.
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